Las artimañas del poder

L a Suspensión
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en Materia Administrativa
I.—PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existe en nuestra Constitución un derecho fundamental que es necesario
comentar ahora, me refiero a las sabias palabras del artículo 17 que, entre
otras cosas, dispone:
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijenlas
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
Pero... ¿es cierto esto? Sí. Sin embargo, muchas veces las resoluciones
no se emiten de manera pronta, no obstante que la eficacia de la justicia
depende, en gran parte, de la rapidez con que aquélla se otorgue; porque,
ante los tribunales debe realizarse un proceso con todas las garantías
debidas, lo querequiere tiempo: es, como se ha dicho, el precio que hay que
pagar por la calidad de las sentencias.1
A esto deben añadirse los rezagos, a veces alarmantes de nuestros tribunales
y las dilaciones, en ocasiones fraudulentas, con que los abogados
saben alargar a conveniencia los procesos.
De esta manera, a pesar de lo que dispone el artículo 17, los tribunales no
siempre están expeditos, es decir,libres de todo estorbo, prontos para
actuar, sino que la maquinaria judicial camina despacio.
Luego, la justicia pronta y efectiva llega, en muchos casos, tarde, porque el
tiempo transcurrido para obtenerla la ha privado por completo de su eficacia.
1 Carmen Chinchilla Marín. "La tutela cautelar en la nueva justicia administrat iva".—Editorial
Civitas, S.A. Primera edición 1991, pág. 27.
98LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO
MINISTRO GONGORA PIMENTEL
Entonces, la sentencia obtenida con tanta dificultad sólo produce frustración
y, además, la mayor que puede experimentarse, ya que después de
alcanzar la certeza de que se tiene "derecho", lo cual no podría decirse sin
la sentencia, se tiene también la certeza de que al victorioso es esa difícil
litis, nunca se le podrá reintegrar aluso y goce de ese derecho, tal como se
encontraba antes de la violación del mismo, a veces ni siquiera parcialmente.2
En la materia administrativa observamos que las decisiones de la administración
pública tienen la presunción de legalidad y pueden ser impuestas a
los administrados inclusive por la fuerza, cuando no las ejecutan o las
admiten de grado. Hemos visto, ejercer el formidablepoder del procedimiento
administrativo de ejecución para cobrar rentas a inquilinos, o para presentar
al cobro títulos de crédito.
Ese abuso es cada vez más frecuente, y esto se hace con la finalidad de
imponer "convenios" a los particulares, dejándoles la opción de acudir a los
tribunales a buscar justicia, con lo que pasarán largos años para que se
la reconozcan. La conciencia de lasdificultades del litigio hace que muchos
prefieran los "convenios" a pelear con la administración.
Con estos procederes la administración se ampara en un privilegio formal
para sostener una injusticia de fondo, intentando agotar a sus contrarios
sobre la base de la extraordinaria duración de los procesos que les toca
sufrir. Si es que los afectados no renuncian de antemano a seguir el largo
ypenoso camino judicial, renuncia cada vez más frecuente, según se puede
advertir en las estadísticas de los tribunales administrativos.3
A todas estas molestias, debemos añadir la de algunos abogados que
cobran honorarios muy altos.
Decía Voltaire que, en el transcurso de su larga vida, se había arruinado
dos veces: una, cuando ganó un juicio y otra cuando perdió otro juicio.
De todo esto seobserva la importancia de la suspensión administrativa,
porque la suspensión del acto impugnado tiene como objeto primordial
preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes,
la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la
sentencia que en su día —lejano, en muchas ocasiones— declare el derecho
del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e...