Las vías de la criminalización de la protesta en argentina maristella svampa y claudio pandolfi
Maristella Svampa y Claudio Pandolfi
En Argentina, el reemplazo de un semiEstado de providencia por un Estado neoliberal trajo aparejado una fuerte transformación de las pautas de integración y exclusión social, lo cual se tradujo en la multiplicación de las desigualdades sociales, la concentración económica y la marginalización de vastos sectores de la población. Este proceso de transformaciones, que arrancó en los años ´70, con la última dictadura militar y tuvo su punto de inflexión en 1991, con la asunción de Carlos Menem al gobierno (1989 1999), se continuó durante el breve gobierno de la Alianza (19992001) y tiende a encontrar consolidación bajo la gestión actual de N.Kirchner (2003). La instalación de este modelo de exclusión social requirió importantes cambios en las formas de intervención social del Estado: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución –cada vez más masiva de planes sociales y asistencia alimentaria entre las poblaciones afectadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de los conflictos sociales, a través de la represión y la criminalización de los grupos sociales más movilizados. En este artículo nos ocuparemos de abordar algunos aspectos del proceso de criminalización de la protesta social, una de las variables configuradoras de la política neoliberal en América Latina, que encuentra particular énfasis en la Argentina. En efecto, en nuestro país el tratamiento represivo del conflicto social ha sido acompañado por un sostenido proceso de judicialización de la protesta, que eleva a más de 4.000 los procesamientos, registrados principalmente en las regiones y provincias más conflictivas. El número de procesamientos muestra que, lejos de ser casuales, éstos forman parte de una política de Estado, expresada a través de una de las divisiones administrativas del poder estatal – la justicia, que actúa en sus diferentes jurisdicciones (provincial y federal, respectivamente). Desde comienzos de los ´90, el endurecimiento del contexto represivo se tornó visible en el aumento del pertrechamiento de las diferentes fuerzas (policía federal, provincial, gendarmería nacional y prefectura). El ejemplo más elocuente es el de Gendarmería nacional, que pasó del cuidado de las fronteras, al control y represión de los conflictos sociales provinciales, desde 1993 en adelante. A partir de 1994, la violencia de Estado se concretó en fuertes situaciones de represión que se tradujo en el asesinato de manifestantes, en el marco de protestas multisectoriales, de movilizaciones de desocupados (cortes de ruta) y de levantamientos insurreccionales (puebladas). En este sentido, es necesario consignar que la Argentina de los años ´90 vio emerger nuevos formas de protesta, en su mayor parte caracterizadas por la acción directa, como el corte de ruta (piquete), el escrache (acción de repudio), los levantamientos comunitarios (estallidos sociales y puebladas), entre otros. La apertura de un nuevo ciclo de protesta fue
1
M.Svampa es investigadoradocente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del Conicet, miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la Defensa de los Derechos Fundamentales (RIAA). C.Pandolfi es abogado defensor de movimientos de desocupados y miembro de CORREPI. El presente artículo retoma partes del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina , ...
Regístrate para leer el documento completo.