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CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL
DE LOS COMUNICADORES
Marc CARRILLO*
SUMARIO: I. La cláusula de conciencia y el secreto profesional
como garantía de los derechos del público. II. La fuerza normativa de la Constitución y la cláusula de conciencia. Los Estatutos de Redacción como vía alternativa en ausencia de ley.
III. Los sujetos de la cláusula de conciencia. IV. El objeto de
lacláusula de conciencia. V. Los efectos de su invocación.
VI. El secreto profesional en los Estatutos de Redacción.
VII. El concepto y la naturaleza del secreto profesional de los
periodistas. VIII. El objeto del secreto profesional. IX. Los sujetos del secreto profesional. X. La problemática de los límites: la tensión entre el derecho fundamental y el deber deontológico.

I. LA CLÁUSULA DECONCIENCIA Y EL SECRETO PROFESIONAL
COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS DEL PÚBLICO

La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, son
derechos específicos integrantes del derecho a comunicar información y
constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio de este derecho fundamental en el Estado democrático. De su pleno reconocimiento y
eficaz ejercicio en elseno de la empresa de comunicación (cláusula de
conciencia) y, frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder
Judicial (secreto profesional) depende que el derecho a la información se
configure como auténtica garantía de una opinión pública libre. No hay
duda de que los profesionales de la información y los medios de comunicación son los titulares principales ----pero no únicos----del proceso de
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Catedrático de derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.
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MARC CARRILLO

producción informativa. En este sentido, según como se regulen los elementos básicos que definen de su estatuto jurídico-profesional el derecho
a la información del artículo 20.1. d) de la Constitución, así serán las posibilidades de las que disponga para operar como garantíainstitucional
del pluralismo informativo o de lo que es su consecuencia, una opinión
pública libre.
El derecho a recibir información reconocido por la Constitución española (CE) en el artículo 20.1.d), es una manifestación específica de un
derecho de contenido más amplio como es el ‘‘derecho a comunicar y
recibir información veraz por cualquier medio de difusión’’. Lo es porque se trata de underecho fundamental de las personas y, por esta razón,
elemento básico del Estado democrático. Su eficacia depende, y mucho,
de cómo los poderes públicos aseguren la efectividad de las formas y los
contenidos a través de los cuales la emisión y la recepción de la información se expresen.
El punto de partida del análisis de los criterios de ponderación empleados por la jurisdicciónconstitucional española sobre el conflicto entre
los derechos de la personalidad del artículo 18 y los derechos del artículo
20.1 a) y d) son los derechos del público receptor; y más específicamente,
es el derecho del público a recibir información. La CE no sólo garantiza
la libertad de quien la ejerce, comunicando información a través de cualquier medio, sino que también tutela la libertad del conjuntodel cuerpo
social y de cada uno de sus miembros en conocer lo que otros tienen que
decir. Esta doble dimensión del derecho a la información es una de las
aportaciones más significativas del constitucionalismo europeo posterior
a 1945, que sirve para poner de relieve dos presupuestos importantes. En
primer lugar, que los derechos del público, como ha insistido desde su
inicio lajurisprudencia constitucional (STC 6/81) no se reducen a la protección del sujeto emisor y, por tanto, no son monopolio de las empresas
de comunicación ni de los profesionales de la información, aunque éstos
merezcan especial atención; y en el segundo, que el contenido de la información difundida no puede ser cualquiera ni tampoco obtenido a cualquier precio; este contenido no puede ser ajeno a los...