lectura de defensoria

Ante todo, el diálogo

MINERÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y DERECHOS
CIUDADANOS. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 104
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años la actividad minera en el Perú ha enfrentado
conflictos de diversa intensidad con las comunidades locales en
las que se ubican los yacimientos mineros. En varios de estos
conflictos las poblaciones se han opuesto radicalmenteal desarrollo de los proyectos mineros. Casos como los de Tambogrande
y Río Blanco en Piura, Cerro Quilish, La Zanja y otros en
Cajamarca, en los cuales se han producido enfrentamientos con
pérdida de vidas humanas, lesiones graves a la integridad física
o destrucción de la propiedad pública y privada, muestran el
grado de agudización al que han llegado estos conflictos.
La minería es unaactividad de primera importancia para la economía nacional, no tanto por su aporte al PBI o por la generación de empleo, sino por ser la principal actividad en términos
de su aporte de divisas para el país, y también por su contribución a los ingresos fiscales. Sin embargo, históricamente la minería ha sido percibida como una actividad que beneficia principalmente a empresas transnacionales, quegenera escasos beneficios económicos para las comunidades locales, y que, además, ha ocasionado grandes pasivos ambientales que afectan
principalmente a dichas comunidades, tanto en su salud como
en su capacidad de desarrollar la agricultura, ganadería u otras
actividades económicas sostenibles. La importancia económica
de la minería para el país, y la situación de conflicto que se hagenerado, hacen imperativo el planteamiento de propuestas de
cambio en la gestión pública y privada de esta actividad, con el
104 Documento elaborado por la Adjuntía para los Servicios Públicos y
Medio Ambiente.

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Defensoría del Pueblo

fin de lograr su aceptabilidad social y un desarrollo de la minería en armonía con las poblaciones locales y el requerimiento
de un desarrollosostenible.
En este contexto, cabe destacar que los conflictos más agudos se
han producido no tanto en relación a los centros mineros en
explotación, que también enfrentan problemas, sino particularmente respecto de los nuevos proyectos de exploración. En tales
casos se ha manifestado una oposición radical al desarrollo de
las operaciones de exploración, que frecuentemente ha incluido
accionesviolentas con lamentables consecuencias de heridos,
pérdida de vidas humanas y destrucción. En algunos casos, esos
conflictos han enfrentado a sectores de la población con posiciones encontradas, habiéndose ejercido la violencia entre los
bandos opuestos. Esta oposición radical ha conseguido en los
hechos paralizar los proyectos Tambogrande y Cerro Quilish,
respecto de los cuales no ha sido posiblellevar adelante procesos adecuados de información y consulta, y ahora amenaza lograr lo mismo en Río Blanco y La Zanja.
Una de las características del conflicto minero es la polarización de las posiciones de las comunidades locales, en algunos
casos incentivadas por intereses políticos o de otra índole, pero
también por prácticas empresariales que han contribuido a agudizar las tensiones. Enel mismo sentido, estos conflictos se han
intensificado ante la manifiesta incapacidad del Estado para supervisar y fiscalizar la actividad minera, de manera que se respeten los derechos de las poblaciones afectadas. En este contexto,
ha sido particularmente difícil generar espacios de diálogo para
la búsqueda de soluciones negociadas y de consenso que hagan
posible, por un lado, la adopción demedidas concretas orientadas a mejorar la gestión ambiental de los proyectos mineros; y
por otro, que viabilicen avances en la normatividad para proteger mejor los derechos de las poblaciones afectadas. Una característica que llama la atención ha sido la tendencia observada en
los sectores más radicales, contrarios a la actividad minera, de
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