Legalidad tributaria

Legalidad tributaria. Dicha garantía no exige que el legislador esté obligado a definir todos los términos y palabras usadas en la ley. Lo que exige el principio delegalidad tributaría establecido en el art. 31, frac. N Constitucional, es que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, susele¬mentos esenciales, se encuentren en la ley y para ello es suficiente que en ellas se precisen en forma razonable, de manera que cualquier per¬sona de entendimientoordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales. No se puede pretender que se llegue al absurdo de exigir que el legislador defina, como si formularaun dic¬cionario, cada una de las palabras que emplea, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión. De acuerdo con ello,expresiones como "uso doméstico", "uso no domésti¬co", "uso doméstico residencial", "uso doméstico popular" o "uso del sector público" son, por sí solas, comprensibles, sin quepueda acep¬tarse que su empleo en la ley sea violatorio del principio de legalidad tributaria, ni tampoco exigirse que en la sentencia que establece estas conclusiones sedefinan esas expresiones, exactamente por la misma razón. Además, si las autoridades administrativas al aplicar las disposi¬ciones relativas se apartan del contenido usualde las expresiones al examinar en amparo la constitucionalidad de las resoluciones relati¬vas, la correcta interpretación de la ley bastaría para corregir el po¬sibleabuso, sin que ello puediera significar que se hubieran delegado en las autoridades administrativas facultades legislativas y que, por ello, la ley fuera inconstitucional.