Legislación informática boliviana

II. Derechos humanos y propiedad intelectual.
Nuestro decimonónico Código Civil trata de la propiedad intelectual en un título destinado a regular "algunas propiedades especiales". Esta especialidad se recoge en todos ordenamientos jurídicos, en los que generalmente tiene un tratamiento unitario y autónomo, que en nuestro país viene dado por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,aprobado por Real Decreto Legislativo nº 1/1996, de 12 de abril. Desde esta consideración le son aplicables preceptos que regulan genéricamente la propiedad y aquellos específicos de su tipicidad, que en caso de conflicto entre unos y otros primarán.
La propiedad como derecho humano está recogida en el art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en el marco de lasNaciones Unidas el 16 de diciembre de 1.948 y particularmente la intelectual en su art. 27. Este texto es especialmente relevante por la ubicación y configuración que le otorga. El artículo comienza por afirmar el derecho de toda persona a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Trasesta afirmación reconoce a toda persona, el derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Igual tratamiento le concede el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1.966. De este tratamiento se desprende unasubordinación al derecho de acceso a la cultura que de forma explícita recoge el art. 40 del Texto Refundido.
Nuestra Constitución contempla en el art. 33 el derecho a la propiedad y la única referencia a la intelectual se encuentra en el art. 149.1.9ª, que atribuye la competencia sobre la materia al Estado. Su regulación coincidente con la de los textos anteriores indica que la propiedad viene delimitadapor su función social. La Constitución -Sentencia del T.C de 29-11-1988, núm. 227/1988- sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes y derechos patrimoniales de los particulares (art. 33), pero esta garantía no es absoluta, ya que el art. 128.1 establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general". La propiedad intelectual, una de susespecies, está igualmente subordinada a su función social y al interés general de acrecentar el acervo cultural de la comunidad. Se introduce para alcanzar y fomentar este último objetivo, pero los derechos patrimoniales que de ella derivan son temporales y tienen una plazo de duración fijado de antemano, que impide su transmisión indefinida a través del otro derecho que reconoce el propio art. 33 CE,esto es el derecho a la herencia, porque su fin es integrarse en el dominio público.
De acuerdo con lo dicho el primer límite a la propiedad intelectual es la cultura, que contempla el art. 44 CE, al que sigue el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado en el art. 45, tal cual si los legisladores hubieran tenido la intención de agrupar lo relativo al aspecto intelectual y lo relativo almedio físico en que se ha de desarrollar la vida humana. La cultura se regula como una obligación de los poderes públicos de promoverla y de tutelar el derecho de acceso de los ciudadanos. Esta acción de fomento, auténtica función pública, se bifurca en la promoción de la ciencia, investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
La cultura es un derecho individual ycolectivo, en el que tiene interés la comunidad de cara a su progreso a través de la ciencia y de la técnica. Este derecho, creemos que de forma inadecuada, no se encuentra entre los que dan lugar al recurso de amparo (art. 53 CE y art. 2.1 LOTC), aunque sí alguna de sus ramificaciones concretas. El progreso o el desarrollo sostenido de toda comunidad precisa que sus conocimientos se transmitan y a ello...