Legislacion

Poder Judicial de la Nación
2010 – “Año del Bicentenario”

/// Juan, 02 de noviembre de 2010.AUTOS Y VISTOS: Que se encuentra para resolver la medida cautelar solicitada a fs. 239 y vta. de los autos n° 33.339, caratulados “ A.O.M.A y Otras c/ ESTADO NACIONAL p/ Acción de Inconstitucionalidad.Y CONSIDERANDO: I - Que la medida cautelar solicitada en los presentes autos por los actoresASOCIACION MINERA OBRERA ARGENTINA – AOMA NACIONAL Y AOMA

SECCIONAL SAN JUAN; CAMARA MINERA DE SAN JUAN; CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, SECCIONAL SAN JUAN (C.G.T. San Juan); CAMARA DE SERVICIOS MINEROS DE SAN JUAN (CASEMI); y CAMARA ARGENTINA DE LA
USO OFICIAL

CONSTRUCCION, se realiza en el contexto de una acción declarativa contra el ESTADO NACIONAL, con el objeto que se declare lainconstitucionalidad y nulidad de la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares del ambiente periglacial, donde pretenden que se suspendan los efectos de la ley nº 26.639 promulgada y publicada el día 28 de octubre de 2010.II - Los actores manifiestan que se ven afectados en la continuidad de los emprendimientos actualmente en desarrollo en territorio provincial y especialmente en zonade alta montaña y cordillerana y la existencia de nuevos emprendimientos productivos, en particular correspondientes a: obras de arquitectura e infraestructura; a la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales, todas las que la mentada ley prohíbe; con la lógica consecuencia de la incertidumbre en el ejerciciode los derechos a trabajar y ejercer toda industria lícita, a la creación de fuentes de trabajo y al empleo digno y al desarrollo y progreso sustentables de la comunidad en que se desenvuelven sus

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asociados como fuentes directamente generadoras de inversiones y trabajo.III - También continúan diciendo que dicha ley crea un estado de incertidumbre sobre el ejercicio de las facultades ycompetencias constitucionales de la Provincia de San Juan, en la que viven y se desarrollan los sujetos que representan, en orden a gestionar y administrar sus recursos naturales y ponerlos al servicio del desarrollo armónico, con respeto y protección del ambiente; como también a diseñar y ejecutar sus políticas productivas, de empleo y desarrollo humano, ya que tales facultades y competenciasconstitucionales de la Provincia son avasalladas y anuladas por la ley.IV- Sostienen que dicha norma es contraria a la Ley Suprema pues viola directamente su misma fuente (Artículo 41); además de los Artículos, 121, 122, 123, 124, 125, 5, 75, inc. 18 y 19 y demás normas concordantes. Que no se ajusta a los principios de legalidad y congruencia y no aprueba positivamente el control de razonabilidad;colisiona con un Tratado Internacional y sus Protocolos Adicionales Específicos, respecto de los cuales tiene jerarquía inferior; choca con el Derecho Público Provincial en materia de protección del medio ambiente y de los glaciares y demás recursos hidrológicos, alterando la jurisdicción local.V- Analizando la procedencia de la medida solicitada debo tener en cuenta primariamente que las medidascautelares dictadas contra actos legislativos deben ser tratadas con carácter restrictivo, por cuanto dichos actos – en este caso ley – gozan de un grado elevado de legitimidad que sólo puede ser desvirtuado por razones que imponen una gravedad tal que necesiten de este remedio judicial para evitarla.- En este orden tiene dicho la doctrina apoyándose en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justiciade la Nación, que “ Si bien, por vía de principio, las medidas de no innovar no proceden respecto de actos administrativos o
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legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima faccie verosímiles, como contrarios a disposiciones de Derecho Federal...