Legislación española sobre patrimonio artístico

Legislación española sobre patrimonio artístico,
bibliográfico y documental
Historia
La regulación y gestión del patrimonio artístico, bibliográfico y documental en
España antes de la II República (1931) muestra que existía una organización
administrativa estable y profesional. A modo de ejemplo, el art. 166 de la Ley
de instrucción pública, de 9 de septiembre de 1857 (la famosa Ley Moyano)anunciaba la creación de un cuerpo especialmente cualificado para custodiar
los tesoros bibliográficos de las bibliotecas y archivos, algo que se concretó con
el RD de 17 de julio de 1858, de organización de los archivos y bibliotecas
estatales y creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos. Nueve años después, mediante el RD de 18 de junio de 1867, seestableció que todas las bibliotecas (universitarias y provinciales) fueran
regidas por ese cuerpo, algo que fue refrendado por textos como el
Reglamento de 18 de noviembre de 1887 o por la Ley de 30 de junio de 1894,
que bajo la tutela del cuerpo todas las bibliotecas dependientes del Ministerio
de Fomento, así como por los reglamentos para el régimen y servicio de las
bibliotecas públicas,archivos y museos arqueológicos del Estado (RD de 18 de
octubre, RD de 22 noviembre y RD de 29 noviembre, todos de 1901,
respectivamente), base de toda la reglamentación sobre bibliotecas, archivos y
museos arqueológicos estatales.
Se trata sin duda de un ordenamiento completo y de cierta modernidad, aunque
muy disperso, que fue conformándose poco a poco. Sin embargo, el año 1900
se sueleconsiderar realmente el punto de partida de la protección de
patrimonio histórico-artístico en España, cuando se creó el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes (Real Decreto de 18 de abril de 1900) con la
atribución, entre otras, de “Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos”, y para
lo cual a continuación se creó la Dirección General de Bellas Artes.
La proclamación de la II República enEspaña aportó novedades muy
interesantes en la ordenación de esta materia:
? La constitucionalización de la protección y acceso al Patrimonio Histórico:
La Constitución de 1931 es la primera constitución española en contener un
precepto específico sobre el Patrimonio Histórico-Artístico (art. 45), donde
además se establece el mandato de organizar un registro de bienes
culturales. El procesodescentralizador que propició esta misma Constitución
permitió la aprobación de dos Estatutos de Autonomía en Cataluña y en el
País Vasco y, como consecuencia de ello, estas dos autonomías pudieron
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aprobaron leyes y reglamentos propios, algunos de las cuales incidían sobre
los bienes culturales.
? La elaboración de un bloque normativo completo (La Ley del Tesoro, de
1933 + Reglamento,1936) que ha estado vigente más de cuarenta años con
una visión integrada de lo que son los bienes culturales y de cuáles son los
instrumentos jurídicos para protegerlos. A pesar de sus defectos y lagunas
(su renuncia a regular el patrimonio bibliográfico y documental o su
desconocimiento del patrimonio etnográfico, por ejemplo) se trataba de una
buena construcción normativa completa. Despuésde la aprobación de la Ley
de 1933 transcurrió un cierto tiempo hasta que empezó su desarrollo
reglamentario: el Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro
Artístico Nacional, que además estableció el estatuto orgánico de Junta
Superior del Tesoro Artístico, fue aprobado por Decreto de 16 de abril de
1936.
Pero el gobierno republicano se preocupó desde sus inicios, antes de lapublicación de la Ley del Tesoro de 1933, por dictar normas que protegían y
acrecentaban el patrimonio histórico. Por ejemplo, durante el año 1932 la
disposición más significativa que se aprobó fue el Decreto de 19 de mayo sobre
la estructura y misión del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
La norma no sólo era importante para encuadrar administrativamente con
criterios modernos...