legislación

LAS GARANTÍAS DEL IMPUTADO
EN EL PROCESO PENAL
Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ*
SUMARIO: I. El papel de la juris dic ción en la ga ran tía
de los derechos fundamentales. II. La tutela judicial
y las garantías procesales como derechos funda mentales. III.“Organi zar” la presunción de inocen cia. IV. Ante la deriva neoinquisitiva del proceso penal. Algunas conclusiones.

I. EL PAPEL DE LAJURISDICCIÓN EN LA GARANTÍA
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El sintagma “derechos fundamentales” denota la forma jurídica que en
nuestro momento de cultura reciben los intereses y expectativas que
—se entiende— constituyen al hombre como persona. Por eso tienen la
consideración de universales, en el sentido de reconocidos a todos por
igual, lo que hace que no puedan ser objeto de disposición.
De esecarácter esencial y básico de los derechos fundamentales así
concebidos, se deriva su naturaleza de normas en sentido propio, que
operan como “límites y vínculos insalvables para todos los poderes, tanto públicos como privados”, al decir de Ferrajoli.1
Tal status normativo de los derechos fundamentales y el consiguiente
carácter de límites y vínculos para cualquier clase de poder es lo que,
enel Estado constitucional, hace de ellos en su conjunto un momento
previo al de la política y también al de la legalidad ordinaria, para los que
aquéllos representan el deber ser jurídico. Es por lo que, según el mismo autor, integran una “dimensión sustancial” o “esfera de lo indecidi* Magistrado del Tribunal Supremo español.
1 Ferrajoli, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, prólogode P. Andrés Ibá-

ñez, trad. de P. Andrés Ibáñez y A. Greppi, Madrid, Trotta, 1999, p. 39.
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ble”, que se superpone no sólo al derecho, sino incluso a la democracia.2
En esta concepción, los derechos fundamentales han dejado de ser
un referente externo del sistema, puesto que no podría haber democracia sin derechos, es decir, sin sujetos plenamente reconocidoscomo
portadores de éstos a todos los efectos. Así, con palabras de Häberle,
los derechos son el “fundamento funcional” de aquélla, pues sólo “a través del ejercicio individual de los derechos fundamentales, se realiza un
proceso de libertad que constituye un elemento esencial de la democracia”.3
Tal modo de entender los derechos fundamentales, la democracia y
el orden jurídico comporta unperfeccionamiento del Estado legislativo de
derecho, una superación de su limitación más importante. El Estado legislativo de derecho, expresión de la preocupación ilustrada por sujetar el
poder a la ley, sin embargo, la concibió exclusivamente sub specie de ley
ordinaria, es decir, como expresión de la voluntad incondicionada de cada
actual mayoría.
La práctica de este diseño de Estado es bienconocida en sus efectos. El ejercicio de la soberanía está sometido a algunas exigencias procedimentales —sobre el quién y el cómo— en lo relativo a la forma de
expresión de la voluntad política, único momento en que la proyección
del derecho alcanza alguna eficacia. Pero, por lo demás, los derechos
de los ciudadanos se quedan en la mera proclamación pro forma, ya
que sus presupuestos materialesestán librados a las vicisitudes de la
política y del mercado.
El resultado a que conduce el modelo, suficientemente acreditado por
la historia, incluso la más reciente, es el de la plena autonomía de la política, la virtual inmunidad de los poderes privados frente al derecho, y,
en suma, el fracaso esencial de la garantía jurídica.
Se trata de una experiencia que da pleno sentido a la dobleafirmación del artículo 16 de la Declaración de Derechos de 1789: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene Constitución”.
Y así ha sido, porque la ausencia de una esfera de derecho supraordenada a todas las demás en función de garantía de los derechos como
fundamentales, y la consiguiente falta de un dispositivo...