lenguaje en la ley

Porque la práctica jurídica --en términos de RONALD DWORKIN1-- es entre otras cosas un ejercicio de interpretación de las palabras de la ley, escrita o no, los vocablos o el lenguaje articulado, vehículo a través del cual la ley manda, prohíbe, permite o castiga, es para el intérprete un asunto medular de ineludible análisis.


Por eso, aun cuando ya a partir de BOBBIO2 era inferible elpapel que el lenguaje está llamado a cumplir en el derecho, pues se sabía que la descriptiva, la expresiva y la prescriptiva son las tres funciones fundamentales del lenguaje y que tres son los lenguajes que de ellas se desprenden (el científico, el poético y el normativo), tres ejercicios resultarían de importancia en relación con este tema: uno, verificar si el acto del habla --como loplanteara el profesor HUGO PORTELA-- por mucho que el hablante se remita a un lenguaje universal, conserva su carácter de acción perfectamente individual e independiente; dos, ratificar que detrás de la letra de la ley están las normas de cultura con todas sus repercusiones, y tres, identificar la función de la antropología jurídica en la hermenéutica penal.


Se pretende, pues, aparte de dejar enclaro que una cosa es el habla y otra el lenguaje, desde una arista extraña para el pragmático y funcionalista tecnócrata jurídico de hoy --que suele confundir el derecho con la ley-- avanzar un poco en nuestra comprensión del derecho y por esa misma vía entender mejor qué es lo que significa en realidad la operación intelectual de interpretar, tarea que se impone por supuesto cuando un cuerpode leyes como el nuestro todavía mezcla elementos descriptivos o que buscan informar a los demás, con los prescriptivos o que tienden a modificar su comportamiento, marchando incluso en contravía de la ortodoxia de los códigos modernos y convirtiendo el derecho en “una cuestión profusa y profundamente política”3.


Si bien, entonces, interpretar implica un proceso mental dirigido a dotar designificado a la manifestación de un determinado lenguaje4 (en este caso el prescriptivo o normativo de la ley), consustancial e inseparable de su aplicación, el problema no radica en que se interprete o no la ley --pues de hecho se interpreta, inclusive cuando en ella existe claridad--, ni en que se observen o no los métodos tradicionales de interpretación (sistemático, teleológico,histórico-evolutivo, etc.), sino en la invariable inclinación de los aplicadores a concebirla, sin perspectiva émica, desde la óptica excluyente de los patrones de conducta del grupo mayor, haciendo abstracción y divorciando de la realidad cultural y socio-política concreta el significado de las palabras que la componen, cuando sus destinatarios son las minorías culturales5; incluidos entre éstas otrosgrupos, también minoritarios y en disenso, como los prosélitos de muy diversos movimientos religiosos y los movimientos feministas y de homosexuales.


Quizá lo rescatable de este pequeño intento de aproximación epistemológica hacia el tema sea el que quien ésta vez lo emprende, precisamente forme parte de los detentadores del denominado poder de aplicación, pues ya antropólogos como la profesoraESTHER SÁNCHEZ BOTERO y nuestro maestro HERINALDY GOMEZ6, comenzando la década de los 90’s, habían develado el craso error en que se incurre cuando los jueces, con mirada miope cual si fuesen los jueces de Montesquieu en el siglo XVII, se limitan a repetir las palabras de la ley, y viéndola (como la ven), desde el mundo al que pertenecen --que consideran el mundo real-- no solo invisibilizanotras realidades, sino que pasan por encima del indiscutible pluralismo cultural que se conjuga en Estados multiétnicos y multinacionales como el Colombiano7.


Por eso ahora, al iniciarnos en la exploración de un terreno como el de la antropología jurídica, inédito para un todavía importante sector de los juristas, y más preocupados ya por la verdad del pensamiento que por su corrección formal,...