Ley 296-05

Resolución No. 296-2005
Reglamento Juez de la Ejecución CPP
 
 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
REPÚBLICA DOMINICANA
La Suprema Corte de Justicia
En Nombre de La República
 
 
En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, SegundoSustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo deGuzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de abril de 2005, años 162° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución:
Visto los artículos. 3, 4, 8, 9, 10, 46, 47, 67, 100 y 102 de la Constitución de la República;
Visto el artículo 29, inciso 2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, del 1927;
Visto los artículos 14 inciso h) de la Ley Orgánica No.25-91, de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 15 de octubre del 1991, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de julio del 1997;
Visto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948;
Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948;
Visto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el PrimerCongreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de 1955;
Visto la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional del 14 de octubre de 1980.
Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 648 de fecha 27 de octubre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No.9451 del 12 de noviembre de 1977;
Visto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, de fecha 22 de noviembre de 1969, debidamente aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 del 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No.9460 del 11 de febrero de 1978;
Visto la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicanadel 30 de mayo del 1988, y sus modificaciones y Decreto No.288-96 que contiene el Reglamento de la Ley 50-88;
Visto la Ley No.64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto del 2000;
Visto la Ley No.42-01, Ley General de Salud, del 8 de marzo del 2001;
Visto la Ley No.72-02 contra Lavado de Activo Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y SustanciasControladas y otras Infracciones Graves, del 7 de junio del 2002.
Visto la Ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de fecha 27 de septiembre del 2002;
Visto la Resolución No.1920-03, sobre Medidas Anticipadas a la Vigencia del nuevo Código Procesal Penal, de fecha 13 de noviembre de 2003;
Visto la Ley No. 277-04 del 12 de agosto del 2004 que crea el Servicio Nacionalde Defensa Pública;
Visto la Ley No. 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley No.76-02 del 13 de agosto del 2004;
Atendido, que el Art. 3, parte ‘in fine’, de la Constitución dispone: "La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado…"
Atendido, a que deconformidad con el Art. 74 del Código Procesal Penal: "Los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena".
Atendido, que el Art. 436 del Código Procesal Penal, establece: "El condenado goza de todos...