Ley 30
Con bombos y platillos fue dado a conocer el texto de la reforma a la
Educación Superior, como síntesis, según la Ministra María FernandaCampo,
de “audaces propuestas para fortalecer, aumentar y, sobre todo, mejorar la
calidad de la educación superior pública”. La audacia está en que recoge
bajo una sola propuesta, a la que denominó“integral”, estrategias conocidas
de vieja data para privatizarla y descargar en otros hombros las
obligaciones estatalesrequeridas para financiar el cumplimiento de tales
metas. Ni “derecho” ni“servicio”, pura mercancía es lo que ve el gobierno
Santos en la Educación Superior. Una de las exigencias en el aún no
firmado TLC con Estados Unidos,es permitir el suprimir la condición de
institucionessin ánimo de lucro a las organizaciones dedicadas a la
educación en los diferentes niveles de escolaridad, todo ello para
homogenizar la inversión y oferta a las de cualquier mercancía, yflexibilizar su movilidad a otros sectores cuando las circunstancias o la
tasa de ganancia así lo recomienden.
Con el sofisma de que el 55% de la Educación Superior ya es privada, y que
se mantendrán“intactas las universidades públicas”, se da paso a la
creación de instituciones “sin ánimo de lucro”, para que el capital privado
pueda invertir con plena tranquilidad, y se confeccionen nuevasalianzas
entre esos capitales y las instituciones públicas para adecuar y cualificar
su infraestructura académica. A la pregunta ¿Usted diría que como el Estado
no tiene recursos para introducirtecnologíay modernización a la educación
pública requiere elapoyo privado?, la Ministra respondió: “Así es, proveer
una educación de calidad cuesta mucha plata. Los recursos que gira el
gobierno parafinanciar las universidades no son suficientes. Es
indispensable que lleguen más recursos a la educación superior. Por eso,
con esta reforma buscamos atraer capital privado para que invierta en...
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