LEY 734 2002

El conocido principio denominado non bis in ídem, según el cual nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro Estatuto
Supremo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido
proceso, contempladas en el artículo 29 de la Carta.
Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como objetivo
primordialevitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en que
exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le
hace la imputación.
"La identidad en la persona significa que el sujeto incriminado debe ser la
misma persona física en dos procesos de la misma índole.
"La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual sesolicita la aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la
correspondencia en la especie fáctica de la conducta en dos procesos de
igual naturaleza.
"La identidad en la causa se refiere a que el motivo de la iniciación del
proceso sea el mismo en ambos casos."1
Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una
misma persona, por unos mismos hechos, no se puedeafirmar válidamente que exista
identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales
procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual
que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se
evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios.
En el proceso disciplinariocontra servidores estatales se juzga el comportamiento de
éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la
eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las
normas buscan preservar bienes sociales más amplios.
Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes
puesto que las dos emanan de lapotestad punitiva del Estado, se originan en la
violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la
responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva,
siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos
cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la
relación de subordinaciónque existe entre el funcionario y la Administración en el
ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una
prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el
buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo públicorespectivo. Dichas
sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la
1 Sent de noviembre 22 de 1990 Corte Suprema de Justicia

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Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la
conducta oficial de los servidores estatales.
La acción penal, en cambio, cubre tanto la conducta de los particulares como la de los
funcionarios públicos, y su objetivoes la protección del orden jurídico social. Cabe
agregar que ya no es posible diferenciar la acción penal de la acción disciplinaria por la
existencia en la primera de los conceptos de dolo o culpa, pues al tenor de lo dispuesto
en el artículo 14 de la ley 200 de 1995, parcialmente acusada, "en materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo sonsancionables a título de dolo o culpa".
Esta Corporación se ha referido al tema objeto de debate en varias oportunidades, tanto
en procesos de constitucionalidad como de tutela; valga citar, entre otras, la sentencia
C-427/94,2 en cuyas consideraciones se hizo referencia a la diferenciación existente
entre la acción disciplinaria y la acción penal. Dijo la Corte:
Es cierto que existen elementos...