ley aguas

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DIARIO OFICIAL DE GALICIA

I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas
de Galicia.
Preámbulo
Galicia cuenta, además de con un territorio integrado en cuencas hidrográficas de gestión del Estado,
con una propia cuenca hidrográfica íntegramente
incluida en su territorio, conocida como Galicia-Costa. En el ámbito territorial de esta cuenca, laComunidad Autónoma de Galicia dispone de competencia
exclusiva (artículo 27º.12 del Estatuto de autonomía)
y, por tanto, con el adecuado fundamento jurídico de
conseguir una regulación que responda a sus propios
intereses. En este sentido, la Comunidad Autónoma
ha llevado a cabo hasta el momento una tarea de regulación en materia de aguas, si bien las normas dictadas se han centradofundamentalmente en el plano
organizativo.
Por otro lado, la política de aguas requiere también
las infraestructuras imprescindibles para llevarla a
cabo. La política de aguas de Galicia se orienta fundamentalmente a dar satisfacción a la ciudadanía en
sus necesidades de agua potable de calidad, lo que
implica a la vez la depuración y saneamiento de las
residuales que resulten del consumo urbano. Laconsecuencia es la necesidad de disponer de sistemas
eficaces de abastecimiento (lo cual incluye aducción,
potabilización y distribución) y depuración y saneamiento de aguas residuales (lo cual incluye alcantarillado, colectores, depuradoras y conducciones de vertido). Todo esto explica un esfuerzo continuado, y que
deberá proseguir, de construcción y mantenimiento
de infraestructuras, para loque se requieren los
recursos financieros y económicos suficientes. De ello
deriva la necesidad de disponer de un marco jurídico
que regule un sistema tributario mediante el cual los
beneficiarios de los servicios de abastecimiento y
depuración cooperen a la construcción y mantenimiento de los mismos.
A su vez, en política medioambiental cada vez son
más normas con origen supranacional lasque determinan el contenido de los derechos y obligaciones de
la ciudadanía, lo que es lo mismo que decir las competencias y manera de ejercerlas de los poderes
públicos. No sucede de modo distinto al indicado en
el ámbito del agua, en el que, en particular, el derecho comunitario tiene una relevancia creciente día a
día. Y se trata de un derecho comunitario que presenta, además, exigenciasmuy específicas en el ámbito
de los objetivos ambientales a conseguir y de las técnicas adecuadas para ello; muchas veces enmarcadas
sus decisiones por la afirmación de derechos de los
ciudadanos y ciudadanas a la información y participación en la formación de las decisiones públicas, como
demuestra la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por
laque se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esta direc-

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tiva ya fue objeto de sucinta transposición al ordenamiento jurídico español por el artículo 129 de la
Ley 62/2003, pero ha de quedar reflejada asimismo
en la presente ley.
De este modo se resumen los motivos que impulsan
esta ley, a los que ha deañadirse la convicción de que
de esta manera se coopera a la prestación del mejor
servicio a la ciudadanía en el marco de la consecución de la eficacia, principio constitucional que ha de
ser directriz de la actuación de todas las administraciones públicas (artículo 103º.1 de la Constitución
española).
Estatutariamente, a mayores del ya mencionado
artículo 27º.12, es necesario tener en cuentaotros
títulos jurídicos que sirven para avalar el contenido
de la ley. Así y respecto a las normas de creación y
organización de la Administración hidráulica de Galicia, la entidad Aguas de Galicia, el artículo 28º.1 del
Estatuto de autonomía, que atribuye a esta Comunidad la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado en lo relativo al
«régimen jurídico...