ley de abogado

LA ETICA DEL ABOGADO Y LOS DEBERES


Código de Procedimiento Civil. (1990) Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de
Venezuela. Nº 4.209 del 18 de septiembre de 1990. Dicha Gaceta contiene las reformas puntuales de
que fue objeto el CPC de 1986.

2

No obstante, aún cuando dichos artículos prescriben ciertas pautas de conducta para
las partes y sus apoderados intervinientesen el proceso -estableciendo algunas
conductas prohibidas- así como también facultan al juez para tomar los correctivos
necesarios previniendo y sancionando los excesos cometidos por éstos (tendentes a
prevenir la colusión y fraude procesal y sancionar las actuaciones temerarias y
maliciosas), lo cierto es que, en el texto del referido código no se define o explica qué
es lealtad y probidad ocuáles son por ejemplo, los límites, el alcance o los contenidos
del deber de veracidad y la buena fe dentro del marco del proceso.

Ciertamente, la labor de un código adjetivo no es la de definir tales conceptos
jurídicos indeterminados, dicha labor le corresponde a la doctrina especializada en la
materia. Independientemente de ello, nos atrevemos a decir que, al día de hoy, casi
veinteaños después de la entrada en vigencia del CPC, no son muchas las decisiones
judiciales donde se ha sancionado la colusión y el fraude procesal o se ha castigado al
abogado improbo que ha actuado temerariamente. Ni hablar de los procedimientos
disciplinarios instaurados ante los respectivos Colegios de Abogados de cada
entidad.2

2

Sobre este particular, ha señalado Duque Corredor que entrelos años 1995-1997, ninguna de las
regulaciones de jurisdicción que la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de
Justicia consideró como maliciosas, y donde igualmente se ordenaba remitir copias de las actuaciones
al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, concluyó en que se dictara
alguna sanción por temeridad y malicia para el abogado incurso endicha práctica. Véase: Duque
Corredor, Román J. (1998) Apuntaciones sobre el Procedimiento Civil Ordinario. Caracas:
Ediciones Fundación Projusticia, p.332

3

De igual forma, no podríamos afirmar que la conducta de las partes y sus apoderados
haya mejorado a raíz de la entrada en vigencia de dichas normas que tienden hacia la
moralidad del proceso. En pocas palabras, pareciera que elespíritu de la ley no ha
calado hondo en jueces y abogados.

El problema, reiteramos nuevamente, lejos de ser atribuible a la ley -ya que no se
concibe la idea de que en un código normativo adjetivo se definan tales conceptosradica en la actitud que jueces y abogados han observado al respecto. Tanto unos
como otros deben velar por la correcta aplicación de los principios arriba
mencionados. Paraello es menester, la existencia de jueces de instancia honestos y
conocedores de la ciencia procesal, que cumplan conjuntamente con la casación, en la
función de uniformar y desarrollar los criterios de interpretación y el espíritu de la ley.
Lamentablemente, la realidad es otra. En lo cotidiano y de forma vergonzosa, existen
numerosas expresiones que contrarían estos principios.

Al mismotiempo, deben existir profesionales del derecho capacitados para
comprender las figuras y procedimientos contenidos en la ley procesal, los propósitos
de su existencia, la lógica a la cual obedecen y el cabal entendimiento de los
beneficios que dichas figuras y procedimientos pueden aportar. Pero la escasa
formación académica y las deplorables convicciones morales de muchos colegiados
atentancontra este noble ideal.

4

Por todo lo antes señalado, no vacilamos en pensar que así como los jueces han sido
parcos y tímidos en su carácter de directores y vigilantes del proceso a la hora de
evitar, prevenir y sancionar las conductas impropias de los litigantes (quizás por la
falta de formación o experiencia ante figuras que en su tiempo fueron novedosas,
quizás por el gran...