ley de la corrupcion y enriqucimiento ilicito en la funcion publica

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
LEY Nº 8422
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1.-

Fines

Los fines de la presente Ley serán prevenir, detectar y sancionar la
corrupción en el ejercicio de la función pública.
ARTÍCULO 2.-

Servidor público

Para los efectos de estaLey, se considerará servidor público toda persona
que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la Administración
Pública, estatal y no estatal, a nombre y por cuenta de esta y como parte de su
organización, en virtud de un acto de investidura y con entera independencia del
carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la
actividad respectiva. Lostérminos funcionario, servidor y empleado público
serán equivalentes para los efectos de esta Ley.
Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a los funcionarios de
hecho y a las personas que laboran para las empresas públicas en cualquiera de
sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al
derecho común; asimismo, a los apoderados, administradores, gerentes yrepresentantes legales de las personas jurídicas que custodien, administren o
exploten fondos, bienes o servicios de la Administración Pública, por cualquier
título o modalidad de gestión.
ARTÍCULO 3.-

Deber de probidad

El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción
del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y
atenderlas necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular,
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos
propiosde la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los

recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente
ARTÍCULO 4.-

Violación al deber de probidad

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la
infracción del deber de probidad, debidamente comprobada yprevia defensa,
constituirá justa causa para la separación del cargo público sin responsabilidad
patronal.
ARTÍCULO 5.-

Fraude de ley

La función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos,
así como la conducta de sujetos de derecho privado en las relaciones con estos
que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado
que no se conforme ala satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento
jurídico, se considerarán ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida
aplicación de la norma jurídica que se haya tratado de eludir.
ARTÍCULO 6.-

Nulidad de los actos o contratos derivados del fraude de
ley

El fraude de ley acarreará la nulidad del acto administrativo o del contrato
derivado de él y la indemnización porlos daños y perjuicios causados a la
Administración Pública o a terceros. En vía administrativa, la nulidad podrá ser
declarada por la respectiva entidad pública o por la Contraloría General de la
República, si la normativa que se haya tratado de eludir pertenece al
ordenamiento que regula y protege la Hacienda Pública.
Si la nulidad versa sobre actos declaratorios de derechos, deberá iniciarseel respectivo proceso de lesividad, salvo lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley
General de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978, en cuyo
caso deberá actuarse de conformidad con lo allí establecido.
ARTÍCULO 7.-

Libre acceso a la información

Es de interés público la información relacionada con el ingreso, la
presupuestación, la custodia, la fiscalización, la...