ley de organización judicial
Páginas: 59 (14747 palabras)
Publicado: 14 de junio de 2013
EMBARGO INMOBILIARIO ABREVIADO
El tirano Rafael Leonidas Trujillo desapareció físicamente el treinta (30) de mayo del año 1961. La sociedad Dominicana había sido dirigida en el plano económico-industrial en consonancia con el atrasado modelo político que representa un esquema dictatorial; se reinicia después del magno acontecimiento de marras una verdadera apertura que demandaba lógica ysuperestructura coadyuvaran con el desarrollo nacional, aspectos tan relevantes como el crédito tanto en el ámbito del fomento a la agricultura, la ganadería y la construcción eran aspectos de interés básico, es por ello que se sancionó el doce (12) de febrero de 1963, la Ley de Fomento Agrícola, la cual sustituyó o derogó la Ley 1841 del nueve (09) de noviembre de 1948, la cual no satisfizo lasexpectativas, tomando en cuenta el hecho de que no incluyó ni la prenda universal sin desapoderamiento ni el contrato de préstamo hipotecario; aspectos estos que si fueron resueltos al tenor de la Ley 6186.
Los puntos o tópicos que pretendemos tratar en esta representación conciernen al procedimiento previsto en dicha ley en materia de embargo inmobiliario denominado abreviado; el régimen delos incidentes, vías de recursos en contra de la sentencia, papel del juez de los referimientos de cara a la ejecución, los parámetros de la ley en el contexto de la constitucionalidad.
En cuanto al procedimiento, se trata de una alternativa procesal viable a los fines de los intereses de las partes que limitativamente se benefician; en ese sentido o ámbito podemos mencionar los estados de gastosy honorarios, los prestamos con garantías inmobiliarias, suscritos a favor de todas las entidades bancarias y las sentencias dictadas en materia laboral; constituyen dichos aspectos el escenario de aplicación de la ley en cuestión.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 6186
La Suprema Corte de Justicia ha decidido en diversas ocasiones que la ley en cuestión es conforme con la Constitución ensus artículos puesto que no vulnera los artículos 8 y 100 de la Carta Magna, puesto que el régimen especial de ejecución, consagrado en provecho de las entidades dedicadas al fomento de la industria y de la construcción en nada quebranta la igualdad de todos los dominicanos frente a la ley, en la obra de Napoleón Estévez, que resalta aspectos de la materia, aparece la siguiente cita: “Sentencia del25 de agosto de 1999, B. J. 1065, pág. 64-67. Materia: Constitucional. Asunto: Inconstitucionalidad contra Leyes núms.. 171 sobre Bancos Hipotecarios de la Construcción y 6186 sobre Fomento Agrícola. De prosperar la acción en inconstitucionalidad se produciría una inevitable reducción del crédito necesario para alcanzar la sociedad los beneficios perseguidos por el constituyente, pues, laseguridad de los reembolsos de los préstamos otorgados para los fines contemplados en esas disposiciones legales perderían las garantías que sirven de estímulo a la industria de la construcción, y los sectores concernidos pueden recibir sin dificultades los financiamientos necesarios para satisfacer la demanda que requiere el interés general. Privilegios. Dichas disposiciones no contienen ni creansituación de privilegios que atente contra el tratamiento igualitario a que son acreedores los nacionales dominicanos conforme los Arts. 8 y 100 de la Constitución. Artículos examinados: 8 y 100 Constitución de la República; 14 Ley núm. 171 de 1971; 148 y 159 Ley núm. 6186 de 6186 de 1963. Decisión: Rechaza. Impetrante: Promotora Puerto Chiquito, S. A.”(sic); ahora bien después de promulgada la Ley183-02, todas las entidades de intermediación también se benefician de dicho procedimiento abreviado, la Suprema no ha decidido con relación a la conformidad o no de esta ley con la constitución, mi postura es de que la propia decisión jurisprudencial deja entrever la posible inconstitucionalidad cuando se trata de entidades que no fomenten el ámbito de la industria de la construcción, por lo que...
El tirano Rafael Leonidas Trujillo desapareció físicamente el treinta (30) de mayo del año 1961. La sociedad Dominicana había sido dirigida en el plano económico-industrial en consonancia con el atrasado modelo político que representa un esquema dictatorial; se reinicia después del magno acontecimiento de marras una verdadera apertura que demandaba lógica ysuperestructura coadyuvaran con el desarrollo nacional, aspectos tan relevantes como el crédito tanto en el ámbito del fomento a la agricultura, la ganadería y la construcción eran aspectos de interés básico, es por ello que se sancionó el doce (12) de febrero de 1963, la Ley de Fomento Agrícola, la cual sustituyó o derogó la Ley 1841 del nueve (09) de noviembre de 1948, la cual no satisfizo lasexpectativas, tomando en cuenta el hecho de que no incluyó ni la prenda universal sin desapoderamiento ni el contrato de préstamo hipotecario; aspectos estos que si fueron resueltos al tenor de la Ley 6186.
Los puntos o tópicos que pretendemos tratar en esta representación conciernen al procedimiento previsto en dicha ley en materia de embargo inmobiliario denominado abreviado; el régimen delos incidentes, vías de recursos en contra de la sentencia, papel del juez de los referimientos de cara a la ejecución, los parámetros de la ley en el contexto de la constitucionalidad.
En cuanto al procedimiento, se trata de una alternativa procesal viable a los fines de los intereses de las partes que limitativamente se benefician; en ese sentido o ámbito podemos mencionar los estados de gastosy honorarios, los prestamos con garantías inmobiliarias, suscritos a favor de todas las entidades bancarias y las sentencias dictadas en materia laboral; constituyen dichos aspectos el escenario de aplicación de la ley en cuestión.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 6186
La Suprema Corte de Justicia ha decidido en diversas ocasiones que la ley en cuestión es conforme con la Constitución ensus artículos puesto que no vulnera los artículos 8 y 100 de la Carta Magna, puesto que el régimen especial de ejecución, consagrado en provecho de las entidades dedicadas al fomento de la industria y de la construcción en nada quebranta la igualdad de todos los dominicanos frente a la ley, en la obra de Napoleón Estévez, que resalta aspectos de la materia, aparece la siguiente cita: “Sentencia del25 de agosto de 1999, B. J. 1065, pág. 64-67. Materia: Constitucional. Asunto: Inconstitucionalidad contra Leyes núms.. 171 sobre Bancos Hipotecarios de la Construcción y 6186 sobre Fomento Agrícola. De prosperar la acción en inconstitucionalidad se produciría una inevitable reducción del crédito necesario para alcanzar la sociedad los beneficios perseguidos por el constituyente, pues, laseguridad de los reembolsos de los préstamos otorgados para los fines contemplados en esas disposiciones legales perderían las garantías que sirven de estímulo a la industria de la construcción, y los sectores concernidos pueden recibir sin dificultades los financiamientos necesarios para satisfacer la demanda que requiere el interés general. Privilegios. Dichas disposiciones no contienen ni creansituación de privilegios que atente contra el tratamiento igualitario a que son acreedores los nacionales dominicanos conforme los Arts. 8 y 100 de la Constitución. Artículos examinados: 8 y 100 Constitución de la República; 14 Ley núm. 171 de 1971; 148 y 159 Ley núm. 6186 de 6186 de 1963. Decisión: Rechaza. Impetrante: Promotora Puerto Chiquito, S. A.”(sic); ahora bien después de promulgada la Ley183-02, todas las entidades de intermediación también se benefician de dicho procedimiento abreviado, la Suprema no ha decidido con relación a la conformidad o no de esta ley con la constitución, mi postura es de que la propia decisión jurisprudencial deja entrever la posible inconstitucionalidad cuando se trata de entidades que no fomenten el ámbito de la industria de la construcción, por lo que...
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