Ley Defensa del Consumidor

El contrato analizado desnaturaliza en varias de sus claúsulas su objeto: la atención a la salud ante la enfermedad, independientemente de que las afecciones, sean actuales, futuras o preexistentes.
En sus primeros lineamientos establece que sus planes de cobertura medico asistenciales fueron “creados para brindar un eficiente servicio de atención medica en cualquiera de sus Planes”, siendoque esta finalidad, como anticipara, se ha visto desvirtuada con los términos que siguen, que establecen limitaciones de cobertura, excepciones y obligaciones que en algún modo desnaturalizan la prestación eficiente del servicio que ofrece y contradicen incluso el marco normativo.
En efecto, la prestación médica asistencial ha de comprenderse como dirigida al tratamiento o prevención deafecciones a la salud y el contrato en análisis precisamente la prestataria tiene la atribución de rechazar el pedido de cobertura médica a personas con enfermedades preexistentes o no cubrir las contingencias derivadas de las mismas conforme surge del Título II.
Las condiciones de ingreso contenidas en el contrato no satisfacen el recaudo de condiciones de atención y trato digno que exige la Ley 24240Art. 8 bis. La declaración jurada exige la renuncia al derecho a la intimidad y a los derechos del paciente Ley 26529 importaría la autorización para recabar la información médica confidencial sin reparo del secreto profesional y en detrimento de los derechos del paciente contenidos en la ley 26529, resultando ello engañoso ya que no es esa la finalidad de una declaración jurada. Esteavasallamiento de derechos se mantendría durante toda la contratación, ya que también la intromisión podría ser efectuada por una Junta Médica, a tenor del apartado III, y todo ello en detrimento del paciente y de su intimidad, en tanto la finalidad perseguida no es brindarle un mejor servicio, sino que excluirlo del mismo.
Se pone como condición de contratación que la persona se exponga a un exameninquisitorial el cual claramente representa colocar a la persona en una situación vejatoria e intimidatoria dada la asimetría de la relación entre el prestador del servicio y el interesado en contratarlo.
Según consta en la página web de la Superintencia de Servicios de la Salud las Obras Sociales (se entiende extensivamente a las prepagas) no deben condicionar el ingreso a la realización de un examenmédico. Ello tiene su correlato en el art. 10 de la Ley 26682 “Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios.”
Esta media arbitraria inquisitorial, abusiva y contraria a la dignidad de la persona humana choca de bruces con lo expuesto anteriormente y con los derechosreceptados en nuestra Carta Magna, en los Tratados Internacionales y en devendría aplicable la opinión consultiva Nº 06/86 la Corte Interamericana de DD.HH Considerandos 30, 31 y solo protege el interés económico de una parte que en la relación contractual se encuentra en una posición de superioridad.
En el caso de las mujeres embarazadas la prestadora solo brinda ese servicio al titular o cónyuge deltitular reservando lo dispuesto en la Prestación Médica Obligatoria (estándar de cobertura mínima) al resto de los integrantes del grupo familiar, lo que implica un trato desigual o discriminatorio, contrario a nuestra normativa constitucional Art. 75 inc. 23 (C.N) impone al Estado el deber de brindar especial protección a mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Así mismo elderecho a la salud esta implícitamente en el Art. 33 (C.N) y en los Instrumentos Internacionales Art. 75 inc. 22, sin embargo aquí se merma la calidad de su prestación a un grupo expresamente protegido por nuestra Constitución. Además esta normativa está alterando los derechos del niño que como hemos visto en la primera parte de la Materia su existencia comienza desde la concepción en el seno...