ley del centro penal

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sistema penitenciario cumplió 122 años en el 2005. Después de la construcción de la
Penitenciaria Central en 1883, año en que comienza la historia del “sistema carcelario
nacional”, fue hasta el siglo XX que el Estado de Honduras contó con al menos dos
leyes
importantes para normar la organización y funcionamiento de los establecimientos
penales: la primerafue la Ley Reglamentaria de Presidios (Decreto No.129 de 3 de abril
de 1909) y la otra, la Ley de Rehabilitación del Delincuente (Decreto No. 173
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de 15 de
octubre de 1984, vigente desde el 13 de marzo de 1985).
Esta última, aunque inspirada en el paradigma del tratamiento progresivo mediante el cual
se asigna a la pena privativa de libertad la finalidad de la rehabilitación yreinserción social
del
condenado, encontró numerosos obstáculos para ser llevada a la práctica,
principalmente porque durante su vigencia no se concretó su reglamentación (aún y
cuando hubieron sendos anteproyectos) y porque la mayoría de los centros penales
carecían de la infr
aestructura y organización adecuadas para su implementación
(edificaciones antiguas, desproporción entre lacapacidad instalada y el número de
población privada de libertad, creciente hacinamiento a causa del procedimiento penal
escrito imperante, ausencia
de personal calificado, entre otras).
A partir de 1998, la situación de los centros penales del país se volvió inestable.
Incendios, motines y fugas masivas comenzaron a caracterizar la “crisis” del sistema
penitenciario hondureño, ante la cual elGobier
no Central reaccionó colocando en manos
de la policía la dirección y administración de los establecimientos, hasta ese momento
responsabilidad exclusiva de la Dirección General de Establecimientos Penales,
dependiente de la Secretaría de Estado en los Desp
achos de Gobernación y Justicia.
Paulatinamente, primero diez, luego catorce y finalmente la totalidad de los 24 centrospenales existentes, fueron puestos bajo la autoridad de oficiales de la Fuerza de
Seguridad Pública (FSP), con miras a garantizar su s
eguridad. En los años de la crisis
penitenciaria, la policía hondureña vivía un proceso de profunda transformación bajo la
Junta de Traspaso de la Policía al sector civil. La preocupación por la situación de
inseguridad existente en los establecimientos y
laimposición de una visión práctica de la
problemática llevó a la Junta de Traspaso a incorporar las funciones hasta ese momento
asignadas a la Dirección General de Establecimientos Penales, a la Dirección General de
Servicios Especiales Preventivos de la
naciente Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad (artículo 52, Ley Orgánica de la Policía Nacional, Decreto 156
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98).
Elcitado artículo 52 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional otorgaba a la nueva
Dirección General las funciones de “segurid
ad, administración y custodia de los
establecimientos penales” del Estado y, a la vez derogaba tácitamente la totalidad del
capítulo II y muchos artículos más de la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Aún y
cuando resultó evidente la necesidad de que es
ta Leyfuera sometida a reformas para
adaptarla a la nueva organización que se había hecho cargo de su implementación, y que
a la vez resultaba una buena oportunidad para dotarla de la reglamentación operativa
adecuada, el legislador no lo hizo y con ello
privó, sin quererlo, de su principal
herramienta de trabajo a las autoridades penitenciarias.
Desde 1998 a la fecha, se ha reconocido lanecesidad de fortalecer las instituciones del
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Sector Justicia. La creación de la Secretaría de Seguridad y la aprobaci
ón y entrada en
vigencia del nuevo Código Procesal Penal han sido pasos importantes de ese proceso de
fortalecimiento.
Sin embargo, mientras las demás instituciones se fortalecían, el sistema penitenciario
vivía sus peores momentos. El 5 de abril de 2003 más de sesenta...