Ley Org Nica De La Administraci N De Correcci N


Ley Orgánica de la Administración de Corrección

Ley Núm.116 de 22 de Julio de 1974, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 21 de 10 de Julio de 1978
Ley Núm. 102 de 4 de Julio de 1980
Ley Núm. 3 de 23 de Marzo de 1984
Ley Núm. 37 de 19 de Junio de 1987
Ley Núm. 13 de 24 de Junio de 1989
Ley Núm. 27 de 20 de Julio de 1989
Ley Núm. 47 de 6 de Agostode 1991
Ley Núm. 67 de 7 de Agosto de 1993
Ley Núm.120 de 10 de diciembre de 1993
Ley Núm. 130 de 13 de Diciembre de 1994
Ley Núm. 49 de 26 de Mayo de 1995
Ley Núm. 125 de 12 de Agosto de 1996
Ley Núm. 142 de 19 de Agosto de 1996
Ley Núm. 155 de 20 de Agosto de 1996
Ley Núm. 183 de 29 de Julio de 1998
Ley Núm. 248 de 16 de Agosto de 1998
Ley Núm. 4 de 4 de Enero de 2000
Ley Núm. 60 de 18 de Juliode 2001
Ley Núm.180 de 23 de Diciembre de 2001
Ley Núm. 9 de 1 de Enero de 2003
Ley Núm. 135 de 3 de Junio de 2004
Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004
Ley Núm. 465 de 23 de septiembre de 2004
Ley Núm. 518 de 29 de septiembre de 2004
Ley Núm. 102 de 19 de Mayo de 2006
Ley Núm. 16 de 2 de Marzo de 2007
Ley Núm. 39 de 1 de Mayo de 2007 )


Para crear la Administración de Corrección; definir susobjetivos; disponer sus poderes y organización; transferirle funciones y programas; establecer penalidades y derogar determinadas leyes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los problemas más graves con que actualmente se confronta la comunidad puertorriqueña, que también se observa afectando al mundo entero, lo constituye el marcado crecimiento en la incidencia de la criminalidad y de la conductaantisocial.
Por espacio de largos años el sistema correccional de Puerto Rico se ha visto relegado en las prioridades del gobierno al mejorar y modernizar sus instituciones y servicios. Limitaciones en los recursos humanos y materiales disponibles así como el aislamiento que tradicionalmente ha manifestado este sistema, han contribuido en gran medida a la existencia de los problemas que actualmente lacaracterizan. Asimismo, le han mantenido ajeno y alejado de otras fuentes de ayuda y de recursos existentes, tanto dentro del gobierno mismo, como en la comunidad que lo circunda.
Siendo el ejercicio de la función correccional una responsabilidad que deben compartir conjuntamente la ciudadanía y su gobierno, siendo, además, éste una parte esencialísima del sistema de justicia criminal de PuertoRico, es imperativo afrontar con eficacia los nuevos retos de estos tiempos, atendiendo con la más alta prioridad a sus limitaciones y problemas.
Esta ley tiene el propósito de ofrecerle al sistema correccional de Puerto Rico, mecanismos y soluciones de avanzada, ajustados a la realidad y a los mejores intereses de la comunidad puertorriqueña, mediante la implementación de una reforma profunda en susestructuras y programas, dictada ésta por una visión amplia de conjunto y por una planificación integral.
Para ello se crea una Administración de Corrección con los poderes y con la flexibilidad necesaria para maximizar la probabilidad de rehabilitación del delincuente, y para viabilizar su pronta reintegración al núcleo familiar y a la comunidad como ciudadano productivo y respetuoso de la ley.En consecuencia con el Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado, se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la necesidad de darle prioridad al tratamiento diferenciado e individualizado de las personas que entran en contacto con esta fase del sistema de justicia criminal.
Se reconoce que el elemento coercitivo, aunque necesario a laseguridad social, no la logra de manera estable, requiriéndose de la acción correccional mecanismos que propendan a la internalización por parte del convicto de las normas y valores sociales y a la participación activa, consciente y responsable en los procesos sociales. Se reconoce, por tanto, la necesidad de utilizar al máximo compatible con la seguridad pública alternativas de servicio que ofrece...