Ley organica

Uno de los problemas más graves con que actualmente se confronta la comunidad puertorriqueña, que también se observa afectando al mundo entero, lo constituye el marcado crecimiento en la incidenciade la criminalidad y de la conducta antisocial. Por espacio de largos años el sistema correccional de Puerto Rico se ha visto relegado en las prioridades del gobierno al mejorar y modernizar susinstituciones y servicios. Limitaciones en los recursos humanos y materiales disponibles así como el aislamiento que tradicionalmente ha manifestado este sistema, han contribuido en gran medida a laexistencia de los problemas que actualmente la caracterizan. Asimismo, le han mantenido ajeno y alejado de otras fuentes de ayuda y de recursos existentes, tanto dentro del gobierno mismo, como en lacomunidad que lo circunda.
Siendo el ejercicio de la función correccional una responsabilidad que deben compartir
conjuntamente la ciudadanía y su gobierno, siendo, además, éste una parte esencialísima delsistema de justicia criminal de Puerto Rico, es imperativo afrontar con eficacia los nuevos retos de
estos tiempos, atendiendo con la más alta prioridad a sus limitaciones y problemas.
Esta leytiene el propósito de ofrecerle al sistema correccional de Puerto Rico, mecanismos y
soluciones de avanzada, ajustados a la realidad y a los mejores intereses de la comunidad
puertorriqueña, mediantela implementación de una reforma profunda en sus estructuras y
programas, dictada ésta por una visión amplia de conjunto y por una planificación integral.
Para ello se crea una Administración deCorrección con los poderes y con la flexibilidad necesaria para maximizar la probabilidad de rehabilitación del delincuente, y para viabilizar su pronta
reintegración al núcleo familiar y a la comunidadcomo ciudadano productivo y respetuoso de la ley.
En consecuencia con el Artículo VI, Sección 19 de la Constitución del Estado Libre Asociado, se
declara como política pública del Estado Libre...