ley que busca impedir el trabajo periodístico

Ley que busca impedir la investigación periodística

El proyecto de ley de “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” –aprobado por los senadores y en estudio por los diputados– tiene un título engañoso y merece que la sociedad tome todas las precauciones y esté alerta ante la sorpresa que podría depararle el Poder Legislativo. En efecto, la amplísimadiscrecionalidad otorgada por su art. 22 a la autoridad administrativa convertiría en letra muerta el derecho constitucional de libre acceso a las fuentes públicas de información y favorecería el secretismo encubridor de la corrupción y la arbitrariedad. El derecho constitucional de informarse no debe estar supeditado al arbitrio de quienes podrían tener motivos bien personales para ignorarlo. Es deesperar que los diputados eliminen una norma tan opuesta a la transparencia en la gestión pública.

El proyecto de ley de “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental” –aprobado por los senadores y en estudio por los diputados– tiene un título engañoso y merece que la sociedad tome todas las precauciones y esté alerta ante la sorpresa que podría depararle el PoderLegislativo. En efecto, la amplísima discrecionalidad otorgada por su art. 22 a la autoridad administrativa convertiría en letra muerta el derecho constitucional de libre acceso a las fuentes públicas de información y favorecería el secretismo encubridor de la corrupción y la arbitrariedad.

Dicha norma, que no figuraba en la versión original del proyecto de ley presentado por siete senadores dediversas bancadas, se refiere a la información pública reservada, que “no podrá ser difundida bajo ninguna circunstancia y aquellos que la posean deberán tomar las previsiones debidas para que se mantenga de esa manera”. Es decir, no solo les permite sino que incluso les obliga a rechazar un pedido de acceso a la información pública reservada, definida por la misma norma como “aquella que seacalificada o determinada de esa manera y en forma expresa por las leyes o cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones efectuadas en tal sentido; dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del Estado; poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud decualquier persona; implicar una pérdida de ventajas competitivas o que pueda dañar su proceso de producción, o desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados”.

Tras invocar las leyes especiales que prohíben difundir alguna información pública, el artículo citado extiende los casos en que la autoridad administrativa debe rechazar el acceso a ella, siempre y cuando creaque su difusión tendría alguno de los numerosos efectos vagamente descritos. Esto significa que, por ejemplo, el presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC) puede denegar cualquier dato sobre la comercialización de sus productos con el pretexto de que la revelación perjudicaría su ventaja competitiva o su proceso de producción, o que algún jerarca podría aducir que debe ocultar loshorarios de entrada y de salida de sus subordinados para no apeligrar su seguridad, sobre todo en horas de la noche. Los pretextos pueden ser innumerables.

La experiencia indica además que, como la mayoría de los administradores públicos tienen techo de vidrio, le darán una interpretación contraria, es decir, la extensiva, ya que están acostumbrados a que la falta de transparencia les dé unconsiderable poder irresponsable para esconder sus chanchullos. Que el art. 30 diga que “siempre se presumirá la buena fe y razonabilidad de los actos de quien ejerce un cargo público” no pasa de ser un chiste de mal gusto, que obligaría al juez a confirmar su actuación, en caso de duda. Por lo demás, si este revocara su resolución denegatoria, el funcionario no sería sancionado, como sí podría serlo si...