Leyes Colectiva

CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
PRESENTE.El suscrito, Javier Corral Jurado, Diputado del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados UnidosMexicanos presenta ante el pleno iniciativa con proyecto de Decreto
que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 17
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
Materia de Acciones Colectivas, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos:
I.- La presente Iniciativa tiene como antecedente jurídico inmediato, la
reciente reforma al texto delartículo 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el pasado 29 de julio de 2010, cuyo párrafo tercero prevé:
“El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones
colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los
procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.
Los juecesfederales conocerán de forma exclusiva sobre estos
procedimientos y mecanismos”. Cabe señalar que, si bien de manera
tardía, con esta inclusión México se incorpora a los países que prevén
en su legislación la tutela de los llamados derechos colectivos o
difusos; con lo que se amplía de manera significativa la esfera jurídica
de los gobernados.
En este tenor, la “acción” o el “derecho de acción”,en su sentido
específico incorporado en las legislaciones modernas, alude
exclusivamente al ámbito procesal o adjetivo. En esa virtud, sus
orígenes se remontan al derecho romano el que ya en una época tan
lejana como 754 a.C., registra en su primera época las conocidas
como “acciones de la ley”, las que evolucionarían hasta el
procedimiento formulario (segunda mitad del siglo II a.C.) y elprocedimiento extraordinario (siglo III d.C.) hasta Justiniano y su
codificación.
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Esta noción es importante por cuanto que diversos tratadistas, en
diversas épocas, se han ocupado del derecho de acción no sólo por lo
que atañe a su aplicación sino además, a su naturaleza jurídica: de
Savigny a Chiovenda, Kholer a Couture, sin olvidar a Kelsen, el
derecho de acción ha sido definidoen multitud de formas. No
obstante, las concepciones más recienten coinciden en calificar la
acción procesal como un derecho abstracto, de naturaleza pública,
autónomo, cuyo fin último es procurar la intervención del Estado a fin
de resolver una controversia o conflicto jurídico, a partir de una lesión
a la esfera jurídica de un sujeto.
La afirmación anterior implica por lo menos dosfactores:
La existencia y consecuente protección de un derecho, y
La intervención del Estado para resolver el conflicto.
Lo que se traduce en distintos tipos de relaciones: La relación del (los)
particulares con el Estado y la relación de los particulares entre sí a
través de la intermediación del propio ente público. Ese cúmulo de
consideraciones, deriva por fuerza en una exigencia para el Estado:El
acceso a la justicia debe ser garantizado por el propio Estado. De lo
contrario, no podrá imponer su autoridad en otros planos de
convivencia. Este principio sirve de importante antecedente de la
Iniciativa que nos ocupa, pues esa obligación del Estado no prejuzga
respecto de la naturaleza o el alcance del interés vulnerado, ya sea de
naturaleza individual o colectiva. Es decir, en estepunto, la tutela
jurídica puede -y debe- extender sus efectos a favor de todos aquellos
que se hayan visto -o puedan verse afectados- por una acción u
omisión atribuible a un ente de derecho público o privado. En teoría,
cualquier agravio que vulnere la esfera jurídica de una persona
merece una reparación, de aquí que éste sea un aspecto
especialísimo del derecho humano a la justicia.
En...