Leyes que protegen al trabajador en puerto rico

Leyes que protegen al trabajador en Puerto Rico
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, Sección 16, reconoce el derecho de los trabajadores a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajoo empleo, legislación en contra del discrimen en el empleo, bonificación y a una jornada ordinaria de trabajo que no exceda de ocho horas de trabajo. Son estas garantías legales que protegen al trabajador, las que sirven como objetivo de este trabajo: explicar las leyes y someter casos resueltos. Todas las leyes lo que intentan es garantizarle a los obreros que el patrono cumpla según lasdisposiciones de Ley lo que cada una de ellas establecen.
El salario mínimo es la remuneración establecida legalmente, para cada periodo laboral (hora, día o mes), que patrones deben pagar a sus empleados por sus labores. Generalmente se expresa en dinero por jornada de trabajo y cada país suele establecer las normas legales que regulan el salario mínimo y los mecanismos para determinar su monto. EnPuerto Rico, la ley de salario mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico o Ley Número 180 de 27 de julio de 1998, dispone su aplicación de la misma forma y con los mismos criterios que en los Estados Unidos de América. La Ley provee protección para los trabajadores de empresas locales no cubiertas por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo; establece todo lorelacionado a las licencias por vacaciones y enfermedad; faculta al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a implantar la Ley; y dispone para la eliminación de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico.
El caso de Aponte v Sirio, ELA 125 DPR.610 de 1990, se originó como una acción de sentencia declaratoria presentada contra el entonces Superintendente de la PolicíaAndrés García Arache y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por ciento veintinueve (129) policías. En la demanda alegaron esencialmente que, aunque tienen derecho al pago de unos ‘pasos‘ de retribución concedidos por virtud de varias leyes aprobadas entre 1962 y 1967, no recibieron el aumento correspondiente. Solicitaron que se les ordenara a los demandados pagarles las sumas adeudadas. Losdemandantes también alegaron que las leyes especiales de 1976 y 1977, que dejaron sin efecto los ‘pasos‘ automáticos por años de servicio, son ‘ilegales‘ por violar sus derechos ‘contractuales‘. Leyes Núm. 1 de 30 de junio de 1975 y Núm. 48 de 19 de mayo de 1976. Oportunamente, el Estado levantó las defensas de prescripción, incuria y jurisdicción primaria de la Junta de Apelaciones del Sistema deAdministración de Personal (J.A.S.A.P.). Luego de varios incidentes procesales, el tribunal rechazó la defensa de prescripción al amparo del Art. 1867(3) del Código Civil, supra. Tampoco acogió la doctrina de jurisdicción primaria por entender que no tenía ante sí una complicada relación de hechos ni una materia técnica que ameritara la especialización de la agencia administrativa, sino una controversiade derecho que estaba en posición de resolver.
Finalmente, el tribunal concluyó que los pasos por años de servicio fueron suspendidos por las leyes especiales de 1975 y 1976, y por la Ley Núm. 3 de 30 de junio de 1977, que concedió un aumento a toda la Policía estatal. Sin embargo, determinó que a partir de 1978 los guardias eran acreedores a dos pasos adicionales por el tiempo servidoentre 1975 y 1977. De dicha sentencia el Estado recurre y afirma que erró el tribunal de instancia al aplicar el término prescriptivo establecido por el Art. 1867 del Código Civil, supra, y al no determinar que las reclamaciones de salarios de empleados públicos están regidas por la doctrina de incuria. También plantean que el foro de origen se equivocó al interpretar que los estatutos de 1975...