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MADRID. El 23 de enero de 1932 (hace ahora 75 años), a las once de la noche, el presidente de la República, Manuel Azaña, hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, eldocumento en virtud del cual se ordenaba la «disolución en territorio español de la Compañía de Jesús».
El decreto, publicado al día siguiente en La Gaceta -órgano oficial del régimen-, ABC y ElSocialista, estipulaba la propiedad estatal de todos los bienes de los jesuitas, a quienes daba un plazo de diez días para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. No era la primeravez que la Compañía de Jesús sufría una expulsión en España, pero sin duda sí fue la más dolorosa y cruenta.
La disolución de los jesuitas ponía el punto y aparte a una situación de persecución contrala Iglesia que comenzó a fraguarse nada más instaurarse la II República. Esta etapa tuvo su punto culminante con la aprobación del artículo 26 de la Constitución republicana -que declaraba disueltasaquellas órdenes religiosas que impusieran, «además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado»- y con el famoso discurso de Azaña, el13 de octubre de 1931, en el que declaraba que «España ha dejado de ser católica».
Durante aquellos días llegarían la quema de iglesias y conventos, que se agudizarían tras la disolución de laCompañía y durante los primeros meses de la Guerra Civil. Como apunta el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, «desde los primeros momentos del régimen la Compañía fueobjeto de animadversión y persecución».
La ejecución del decreto afectó a los 3.001 jesuitas españoles, además de los 621 que estudiaban en el extranjero. «De golpe y porrazo», constata el jesuitaAlfredo Verdoy, se clausuraron 80 casas de la Compañía en España, echaban el cierre todos sus centros educativos y obras sociales y sus estudiantes se exiliaban a Bélgica e Italia.
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