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Los ejecutivos de las discográficas y otros productores de contenidos salivan ante lo que se considera el primer intento global serio de regular las descargas en línea.
Se trata del ACTA, lassiglas en inglés del Acuerdo Comercial Antifalsificación, tratado con el cual los gobiernos de más de 10 países quieren penalizar no solamente a quienes incurran en actos de piratería, sino a quien hagauso de los contenidos en línea de forma ilegal.
El incentivo es enorme. Simplemente en los contenidos musicales, en 2009 la industria de la música perdió 12,500 millones de dólares (MDD) por pirateríaen todo el mundo, según el Institute for Policy Innovation.
En el caso de México, todavía no existe una legislación que apruebe dicha propuesta. Sin embargo, nuestro país forma parte del ACTA, eltratado iniciado en el año 2008 que busca “ayudar a la lucha contra la falsificación y la piratería”, en el que, además, participan Australia, Canadá, la Comisión Europea, Corea, Estados Unidos, Japón,Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza.
El acuerdo ha sido criticado por su secretismo, ya que sus reuniones se realizan a puerta cerrada. Esto molesta a los internautas de los paísesparticipantes ya que, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI (representante de ACTA en México), se propone que los proveedores de servicios de internet (ISP, como Prodigy, Terra,Cablevisión, etc.) den a las autoridades datos de los usuarios que, presuntamente, descargan contenidos de manera ilegal.
Según Sergio Legorreta, especialista en propiedad intelectual del despacho globalBaker & McKenzie, “se busca obligar a que los ISP suspendan el acceso a la red de usuarios que violen los derechos de autor y no lo veo del todo mal”.
El problema surge al cuestionar si losusuarios que descargan música, películas, videos o libros de internet son considerados distribuidores de piratería, un tema en debate según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la...