licenciado

La justicia penal en nuestro país atraviesa en nuestros días, una crisis extremadamente grave; tenemos un sistema arcaico de de artículos en nuestro código penal y, en las leyes de enjuiciamiento criminal; la enorme duración de los procedimientos penales y de las prisiones, la superpoblación de los establecimientos penitenciarios; el elevado número de delitos que quedan impunes y el nacimiento yla difusión incontrolada de nuevas formas de criminalidad.
De la consideración de los graves males estructurales de gran parte de los ordenamientos penales y penitenciarios pasamos a una reflexión todavía más general y nos preguntamos acerca del sentido de las penas que infligen los tribunales, se contempla un cuadro todavía más desolador. Se habla y se prevé teóricamente que una -si no laprincipal- de las finalidades específicas de las condenas penales es la reeducación del condenado; pero la realidad concreta no responde a aquel fin, a no ser con la hipócrita dimensión ideológica, siempre presente en las continuas declaraciones de políticos y gobernantes.
De hecho, el mundo de la justicia penal forma un mundo separado; quizá menos violento de lo descrito, pero de ordinario carentede un sentido unitario dentro del sentido global que debería regir a todo el conjunto del ordenamiento jurídico.
Parece como si se hubiera perdido no sólo la respuesta, sino el sentido mismo de la pregunta que todos se plantean cuando reflexionan seriamente acerca de la realidad de los castigos penales.
Una de las causas por las cuales las instituciones de procuración y administración dejusticia no han respondido a las expectativas de la sociedad radica en la sobrecarga de trabajo, tanto en las instituciones investigadoras y los órganos jurisdiccionales.
En consecuencia de esto, la existencia de procesos temporalmente largos, esto afecta de modo económico y organizacional a los órganos encargados de la administración de justicia, que se ven obligados a hacer más con menos presupuesto.No existe como tal una confianza en el Ministerio Público debido a los excesivos trámites burocráticos que sufren las personas que acuden alas agencias ministeriales en busca de justicia, hacen que víctimas y ofendidos prefieran abstenerse de denunciar, en virtud del tiempo y el dinero que pierden al ayudar con el representante social.
Por tanto, un amplio sector de la sociedad, limitadaeconómicamente, se encuentra imposibilitado para solventar la tramitación de un procedimiento judicial, eventualmente prolongado.
Al romper el vínculo entre la víctima y el inculpado, propicia lo obsoleto del sistema tradicional, por lo menos en lo que respecta a los delitos que no entrañan un peligro sustancial a la comunidad.
Este tipo de delitos ponen en marcha, de manera inútil, la maquinariajurisdiccional con las implicaciones que representa para el erario público, en el uso de recursos humanos y materiales, pues podrían resolverse durante la etapa de averiguación previa a través de la conciliación, evitando la carga de trabajo que representa para los órganos jurisdiccionales. Esto es así, porque en la mayoría de los casos con respecto de la reparación del daño las partes concluyen enuna demanda por mutuo acuerdo; para entonces, los órganos judiciales ya destinaron recursos innecesarios durante la tramitación de dicho procedimiento, acumulándose el rezago procesal de otros asuntos.
Estas consideraciones orientan a explorar nuevos paradigmas respecto de la respuesta del Estado, la víctima u ofendido, el inculpado y la comunidad frente al conflicto penal; pues, en un EstadoDemocrático, todos debemos ser partícipes en la solución de esta clase de conflictos para crear un verdadero espacio de convivencia social.
Debido a esto se pretende resaltar la importancia que reviste la implementación de una justicia restaurativa en la que el inculpado asuma su responsabilidad frente al daño causado, así como ante la víctima u ofendido, mientras que la sociedad ha de orientarse a...