licenciado

Visitadora adjunta de la CEDH
La Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, es un instrumento de carácter internacional que fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985; dicha declaración no es un tratado por lo que no impone obligaciones jurídicas a los Estados, sinembargo, constituyó un ejemplo para que las naciones, entre ellas México, exteriorizaran su preocupación para procurar la protección a las víctimas del delito.

El artículo 1 del Instrumento mencionado, establece un concepto sobre víctima del delito en los términos siguientes: “Se entenderá por "víctimas", las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesionesfísicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder”, estableciendo en su artículo 2, que la expresión “víctima incluye en su caso a los familiares o personas que tengan relación inmediatacon la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización; asimismo, establece una definición en su artículo 18 para las víctimas de abuso de poder, que dice: “Se entenderán por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimientoemocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”.
En dicho documento se establecen además, los derechos que las personas tienen en su calidad de sujetos pasivos de unaconducta considerada delictiva por la legislación penal, como es el acceso a la justicia y el trato justo, lo que implica ser tratadas con respeto por su dignidad, a tener acceso a los mecanismos de justicia y a obtener una pronta reparación; a que se establezcan procedimientos oficiosos de reparación que sean justos, poco costosos y accesibles; a ser informadas; disponer de asistencia durante elproceso judicial y que se eviten demoras innecesarias para emitir resolución dentro del mismo; a que se proteja su intimidad y que se tomen medidas para su seguridad y la de sus familiares contra actos de intimidación y represalias; a tener acceso cuanto proceda a mecanismos oficiosos para solución de controversias incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria, afin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas.

Asimismo, establece el derecho de la víctima al resarcimiento e indemnización, señalando que los delincuentes deben resarcir a sus víctimas, sus familiares o personas a su cargo, comprendiendo la reparación de los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización, laprestación de servicios o la restitución de los derechos, considerando necesario que los gobiernos revisen sus mecanismos de resarcimiento y consideren su inserción en el derecho penal, estableciendo además que el Estado es responsable del resarcimiento, cuando el infractor sea funcionario público y que actúe a título oficial, o cuando la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentesno sea suficiente.
Establece además el derecho de la víctima a recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios comunitarios y autóctonos, por lo cual se considera prioritario proporcionar al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y personal que corresponda, capacitación que...