Limites al poder

Penal
Félix M. Tena de Sosa

LÍMITES AL PODER PENAL

Félix M. Tena de Sosa

Los derechos asegurados por la justicia
no están sujetos a regateos políticos
ni al cálculo de los intereses sociales.John Rawls

El anhelo de vivir en paz y armonía, de gozar de libertad, seguridad, bienestar y felicidad, impulsa a los seres humanos a asociarse. Todas las doctrinas contractualistas, de Hobbes y Locke a Rousseau, de Kant a Rawls y Habermas, son concordes en afirmar que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para la realización del ser humano. Son, pues, los seres humanos quienes sedan un orden, mediante la formación de un conjunto de normas e instituciones de convivencia, a que se someten todos en condición de igualdad, para mantener la su independencia libertad y bienestar comode los ciudadanos y la integridad y cohesión de la sociedad.

La Constitución, según Peter Häberle, es la expresión tangible del contrato social (Häberle). A partir de ella se organiza un complejosistema jurídico, integrado por estructuras heterogéneas, del derecho civil, al comercial y laboral, del derecho administrativo, al financiero y fiscal, del derecho penal al constitucional y el internacional, destinadas a dar respuesta a las múltiples relaciones individuales y sociales, conflictivas o no, que puedan originarse entre los ciudadanos o, entre éstos y el Estado, o entre los Estadosmismos.

Los conflictos considerados más graves para la vida pacifica en comunidad, son apellidados de «penales» mediante un la formal acto delimitación formal de sus características por el l legislador, con la consecuente habilitación de la violencia social organizada a cargo del Estado para hacerle frente:, el lo que suele denominarse do poder penal o poder punitivo. Pero la asimetría entre elindividuo y el aparato represivo supone un “estado de vulnerabilidad” más o menos elevado para todo ciudadano “«subjudice”». Es Y es que, como enseña Sergio García Ramírez, evidente que «“en ninguna otra parte se hayan en mayor tensión la autoridad del Estado y la libertad y dignidad de un ciudadano, que en este caso se ve asediada —y en ocasiones oprimida— por las exigencias que proponen lalibertad y la dignidad de otros ciudadanos”» (García Ramírez). Se entiende así el porqué toda la tradición penal ilustrada y garantista sostiene con firmeza que el poder penal del Estado no puede ser ilimitado.

La historia demuestra que en no pocas ocasiones los gobiernos han usado el poder punitivo para violentar abiertamente la libertad y la dignidad de los ciudadanos, en sus diversasmanifestaciones: de la inviolabilidad de la vida y la integridad física a las libertades ambulatoria y de tránsito, de las libertades de culto y de expresión a la inviolabilidad del domicilio. Sin ahondar demasiado en el pasado, puede sostenerse que los totalitarismos europeos y las tiranías latinoamericanas, inspirados en la doctrina de la «razón de Estado», usaron el poder penal para neutralizar sectoresdesafectos al régimen político imperante; y, actualmente, ante la sensación de inseguridad colectiva que campea en el mundo desde finales del siglo XX, se los gobiernos utilizan el poder penal como instrumento de comunicación para mostrar al público una supuesta eficacia en la lucha contra la delincuencia. Se impone obvia así que, como bien advirtió en 1792 Alexander Von Humboldt, recordar quecuando «“el espíritu de gobierno domina en toda disposición ya no son propiamente los súbditos [rectus: ciudadanos] [ciudadanos] quienes viven en sociedad, sino vasallos aislados que entran en relación con el Estado» ”(Von Humboldt).

La moderna lucha contra la delincuencia, sustentada en las construcciones políticocriminales de «“tolerancia cero” o “mano dura”»,, no logra superar la objeción...