Linea Jurisprudencial

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Facultad de Posgrados

Especialización en Derecho Administrativo

LINEA JURISPRUDENCIAL
Preparada por:
María Carolina Reyes Vega

Cúcuta, Colombia
2010




LINEA JURISPRUDENCIAL


C-489/96

C-178/96

C-415/94
PUNTO ARQUIMEDICO





ANTECEDENTES:
1. La señora María Erly García de Jaramillo, presenta demanda de inconstitucionalidadcontra algunos apartes del ordinal 1o. del art. 8o. de la Ley 80 de 1993.
2. Considera la demandante que los apartes impugnados del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 violan el artículo 29 de la Constitución Política, porque al establecerse una inhabilidad por cinco (5) años, a partir de la ejecutoria de la sentencia que impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, seestablecen una segunda pena accesoria, y el sindicado no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho. Es decir, que la inhabilidad contenida en la normatividad impugnada constituye una doble condena accesoria, lo cual, equivale en la práctica a un doble juzgamiento.
3. Igualmente, los segmentos acusados desconocen los artículos 13 y 25 de la carta, porque el establecimiento de una inhabilidadcontractual por cinco (5) años, en los casos en que la pena accesoria impuesta por el Juez sea menor que aquella, significa que la persona continúa inhabilitada no obstante haber cumplido la pena accesoria de origen penal.
4. Norma acusada:
LEY 80 DE 1993

"Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública"

El Congreso de Colombia ,

DECRETA:Artículo 8°. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR.
d) Quienes en Sentencia Judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.

Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d), e i) se extenderán por un término de cinco (5) años contados a partir de la fechade ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena o del acto que impuso la destitución;




PLANTEAMIENTO DE LOS PROBLEMAS JURIDICOS:

1. ¿Hay violación a los derechos de igualdad, al trabajo y al debido proceso, cuando una persona ha pagado la condena impuesta mediante sentencia judicial ejecutoriada por la comisión de un delito contra laadministración pública, para contratar con el estado?
2. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en la ley 80 de 1993, que extiende esta figura a cinco (5) años a las personas que han sido condenadas mediante sentencia ejecutoriada por comisión de un delito contra la administración pública. ¿Es un doble juzgamiento por los mismos hechos?

RESPUESTAS:

Primer Problema:
No hayviolación, toda vez que el régimen de INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES consagrado en la ley 80 de 1993, es independiente y autónomo, cuyo fin es proteger la actividad contractual del Estado. Así mismo no impone un juicio de valor ni tampoco una sanción a la persona que desea contratar con el estado, después de haber pagado la correspondiente condena por haber incurrido en aquel delito que atenta con laadministración pública, entre éstos, los contratos sucitados entre particulares y estado. La Corte Constitucional ha dicho en sentencia C-178/96:
“Por consiguiente, no pueden acordar contratos con las entidades estatales las personas incapaces, las cuales, según el régimen de la contratación estatal, son quienes se catalogan como tales conforme a la ley civil o comercial u otros estatutos, eigualmente las que están incursas en causales de inhabilidad o de incompatibilidad".
Lo ha reiterado en la sentencia C- 415/94:
"Todo régimen de inhabilidades e incompatibilidades de suyo excluye a ciertas categorías de personas del proceso de contratación, generando incapacidades especiales, impedimentos y prohibiciones de variada naturaleza, que en cierta medida afectan el derecho a la...