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LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa.

Jefatura del Estado
«BOE» núm. 167, de 14 de julio de 1998
Referencia: BOE-A-1998-16718

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 10 de diciembre de 2013

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales hanaprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente
Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Justificación de la reforma
La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de
Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio
de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades.
Sobre todo desde que laLey de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las características
que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde
de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración.
Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principiosen los que se inspira y
por la excelencia de su técnica, que combina a la perfección rigor y sencillez, acertó a
generalizar el control judicial de la actuación administrativa, aunque con algunas
excepciones notorias que imponía el régimen político bajo el que fue aprobada. Ratificó con
énfasis el carácter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido por la
legislaciónprecedente, preocupándose por la especialización de sus Magistrados. Y dio luz
a un procedimiento simple y en teoría ágil, coherente con su propósito de lograr una justicia
eficaz y ajena a interpretaciones y prácticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De
esta manera, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 1956 abrió una vía
necesaria, aunque no suficiente, para colmarlas numerosas lagunas y limitaciones históricas
de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una
jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la
doctrina española del Derecho Administrativo.
Sin embargo, las cuatro décadas transcurridas desde que aquella Ley se aprobó han
traído consigo numerosos y trascendentalescambios, en el ordenamiento jurídico, en las
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

instituciones político-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar
los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la
versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no está ajustada a la evolución
delordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administración de Justicia.
Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitución de 1978. Si
bien algunos de los principios en que ésta se funda son los mismos que inspiraron la reforma
jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es
evidente que las consecuencias que el textoconstitucional depara en punto al control judicial
de la actividad administrativa son muy superiores. Sólo a raíz de la Constitución de 1978 se
garantizan en nuestro país plenamente los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos,
el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos,
el sometimiento de la Administración pública a la ley y al derechoy el control de la potestad
reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa por los Tribunales. La
proclamación de estos derechos y principios en la Constitución y su eficacia jurídica directa
han producido la derogación implícita de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que
establecían limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificación...