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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA NACIONAL O INTERNACIONAL
CORPORACIÓN: CORTE CONSTITUCIONAL
NÚMERO DE PROCESO: T-2499665

MAGISTRADO PONENTE. M.P.: DRA. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA.

FECHA: BOGOTÁ, D.C., ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL DIEZ (2010)


Tema
Derecho a la vida digna y el derecho a la justicia mediante la inscripción en el Sistema de Información para Población Desplazada, SIPOD,para el reconocimiento y otorgamiento de todos los beneficios legales a que tienen derecho.

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Hechos
1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a favor de 702 personas, mediante sentencia del 1 de julio de 2006.

2. Enel anexo IV de la sentencia se relacionó el listado de personas desplazadas e identificadas a raíz de las dos masacres, beneficiarias de la medida de reparación que contempla el num. 17 de la parte Resolutiva.

3. La medida de reparación no se reduce solo a las personas identificadas en la sentencia porque el numeral 17 de la Parte Resolutiva y los párrafos 221 y 404 de la misma, la extienden alos “exhabitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja que se hayan visto desplazados”.

4. Se realizaron varias reuniones de cumplimiento de la sentencia con asistencia del grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina Presidencial para la Acción Social.5. En la primera reunión, realizada el 1 de noviembre de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores, planteó la necesidad de discutir entre las diferentes entidades estatales lo relativo a recursos económicos y presupuesto, puesto que el “restablecimiento a condiciones similares” incluía el tema de tierra y vivienda, no sólo de las personas desplazadas e identificadas en el Anexo IV, sino detodos los desplazados de La Granja y El Aro.

6. En la siguiente reunión, efectuada el 22 de noviembre de 2006, los representantes del Estado manifestaron que existían varios inconvenientes para utilizar el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, el primero de los cuales era “la falta de registro de las personas después de tantos años de ocurrido el desplazamiento”.

7. Enreunión del 12 de junio de 2007, los representantes estatales informaron que el cumplimiento de la medida de reparación lo lideraría la Oficina Presidencial para la Acción Social. Por su parte, los representantes de las víctimas manifestaron que no estaban interesados en el retorno debido a que las condiciones de seguridad no lo permitían y solicitaron medidas de restablecimiento socioeconómico parala población desplazada. Finalmente, la representante de Acción Social expresó que el registro exigido en el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) para acceder a los beneficios legales, se haría por orden judicial, atendiendo a la obligatoriedad y exigibilidad de las sentencias de la Corte Interamericana.

8. El GIDH envió al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 30 de abrilde 2008, el listado de personas que hacían parte del Anexo IV de la Sentencia de la Corte, indicando la composición de los grupos familiares, el número de identificación de las personas y el lugar donde les interesaría acceder a un subsidio de vivienda como parte del restablecimiento socioeconómico. Información esta que fue complementada en julio 8 y 24 de 2008.

9. En la reunión de cumplimientode la sentencia efectuada el 18 de junio de 2008, Acción Social informó que el cruce de datos efectuado entre la información enviada por el GIDH y la registrada en el SIPOD, arrojaba 207 coincidencias, y que, a las personas que no estaban incluidas en el SIPOD se les tomaría la declaración de desplazamiento como simple formalidad y se procedería a su registro en una jornada especial que se...