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Con el propósito de lograr una mayor equidad y calidad en la educación, especialmente para los grupos más
excluidos de la sociedad, los gobiernos de los países latinoamericanos se han comprometido atransformar
los sistemas educativos en instrumentos de integración social para dar respuesta a la diversidad de
necesidades educativas que presentan los niños, niñas y jóvenes.
La población condiscapacidad, es uno de los colectivos que ha sufrido de mayor discriminación en el
sistema educativo, ya sea por que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de asistir a un
establecimientoeducacional o por que no han contado con los apoyos técnicos necesarios para aprender
en igualdad de condiciones que el resto de los alumnos. Esta situación, los ha dejado sin mayores
posibilidades deacceder a los aprendizajes fundamentales claves para la integración y la participación
social.
Con la firme intención de revertir esta situación, durante la última década se han realizado importantesdeclaraciones y acuerdos internacionales, en las cuales los países se han comprometido en la generación
de políticas y marcos legales para hacer efectivo el derecho a la educación que tienen todoslos niños y
niñas, independiente de sus condiciones personales, sociales y culturales.
En este marco, la política educativa de nuestro país, con el propósito de equiparar las oportunidades de lapoblación que presenta mayores barreras al aprendizaje, ha impulsado durante los últimos años, como
principal estrategia la integración de los alumnos que presentan discapacidad a los establecimientoseducacionales regulares.
Sin embargo, avanzar hacia la construcción de comunidades educativas abiertas y respetuosas de la
diversidad, capaces de proporcionar una cultura común a todos losestudiantes pero a la vez diversificada,
que favorezca la participación, que evite la discriminación y la desigualdad de oportunidades, no es una
tarea fácil. Ello implica a sus actores romper con los...