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Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación.
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DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREÁMBULO
La extensión de laeducación básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos. constituye, sin
duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades modernas. En efecto, el desarrollo de la
educación, fundamento del progreso de la ciencia y de la técnica, es condición de bienestar social y
prosperidad material, y soporte de las libertades individuales en las sociedades democráticas. No es deextrañar, por ello, que el derecho a la educación se haya ido configurando progresivamente como un
derecho básico, y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario.
Por las insuficiencias de su desarrollo económico y los avatares de su desarrollo político, en diversas
épocas, el Estado hizo dejación de sus responsabilidades en este ámbito, abandonándolas en manos departiculares o de instituciones privadas, en aras del llamado principio ,de subsidiariedad. Así, hasta
tiempos recientes, la educación fue más privilegio de pocos que derecho de todos
En el último cuarto de siglo, y tras un sostenido retroceso de la enseñanza pública, las necesidades del
desarrollo económico y las transformaciones sociales inducidas por éste elevaron de modo considerable lademanda social de educación. El incremento consiguiente fue atendido primordialmente por la oferta
pública, con la consiguiente alteración de las proporciones hasta entonces prevalentes entre el sector
público y el privado. De este modo, acabaron de configurarse los contornos característicos del actual
sistema educativo en España: Un sistema de carácter mixto o dual, con un componente públicomayoritario Y uno privado de magnitud considerable.
La Ley General de Educación de 1970 estableció la obligatoriedad y gratuidad de una educación básica
unificada. Concebía ésta como servicio público, y responsabilizaba prioritariamente al Estado de su
provisión. Ello no obstante, reconociendo y consagrando el carácter mixto de nuestro sistema educativo
abría la posibilidad de que centros noestatales pudieran participar en la oferta de puestos escolares
gratuitos en los niveles obligatorios, obteniendo en contrapartida un apoyo económico del Estado.
A pesar de que el proyectado régimen de conciertos nunca fue objeto del necesario desarrollo
reglamentario diversas disposiciones fueron regulando en años sucesivos la concesión de subvenciones a
centros docentes privados, en cuantíarápidamente creciente que contrastaba con el ritmo mucho más
parsimonioso de incremento de las inversiones públicas. En ausencia de la adecuada normativa lo que
había nacido como provisional se perpetuó, dando lugar a una situación irregular, falta del exigible
control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad, y en ocasiones sin observancia de las propias disposiciones
legales que la regulaban. Apesar de ello, la cobertura con fondos públicos de la enseñanza obligatoria no
cesó de extenderse, hasta abarcar la práctica totalidad de la misma, pese al estancamiento relativo del
sector público.

No es de extrañar que ante tan confusa e insatisfactoria evolución fueran consolidándose opciones
educativas alternativas, cuando no contrapuestas, que prolongaban de hecho las fracturasideológicas que
secularmente habían escindido a la sociedad española en torno a la s educación.
Este trasfondo histórico explica la complejidad de elementos que configuran el marco educativo
establecido por la Constitución Española, un marco de compromiso y concordia que, al tiempo que
reconoce implícitamente el sistema mixto heredado, proporciona el espacio normativo integrador en el
que pueden...