Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999

Los cambios del Estado venezolano a partir de 1999, luego de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, proponen redimensionar la tradicional idea de ciudadanía, que más allá del reconocimiento expreso de unos derechos, se consolida con su ejercicio.

La perspectiva teórica en políticas de seguridad ciudadana se estima de gran valor, en tanto que la evaluaciónde los contenidos y resultados de los mecanismos de intervención del Estado a través del Derecho penal para garantizar la protección de la seguridad ciudadana, genera valiosa información sobre la organización y funcionamiento de las instancias del sistema de justicia penal, y resulta fundamental para desarrollar herramientas que permitan la ejecución de prácticas, orientadas al logro de losobjetivos de una política de seguridad ciudadana en el marco del Estado social y democrático de Derecho, evitando el grave riesgo de acudir a políticas que signifiquen retomar la herencia de una larga tradición política arraigada en el orden público, o ser presa de nuevas políticas que emergen de tendencias punitivas globalizadas, que suponen la homogeneización de las políticas públicas de seguridad,pudiendo desembocar en modelos y prácticas no solamente ajenos a la realidad social venezolana, sino contrarios a los imperativos éticos configurados en la Constitución.
Ambas perspectivas apuntan a la severidad de la política penal en su conjunto y se encuentran vinculadas al uso ineficaz del poder, y ante la creciente necesidad de relegitimación del Estado a través de la política pública deseguridad.

DEL ORDEN PÚBLICO
A LA SEGURIDAD CIUDADANA

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 se consagra por primera vez a nivel constitucional la seguridad ciudadana
(Artículo 55), entendida en sentido amplio como la protección de los derechos, libertades y garantías constitucionales. Ello implica -al menos conceptualmente- la superación del tradicional modelo deseguridad basado en el orden público acuñado durante largo tiempo en el país, que garantizaba sobre todo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y bajo el cual se protegía (distorsionadamente) el orden económico y político, tanto en gobiernos dictatoriales como democráticos, incluso por encima de los derechos y garantías civiles (Núñez 2001).

A partir de 1999, el constituyenteparece redefinir las relaciones entre el individuo y el Estado en materia de seguridad, en el seno de un modelo constitucional propio de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia “que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, lapreeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2, CRBV).

La amplia gama de derechos reconocidos en la Constitución
8no sólo tiende a fortalecer la tradicional noción de ciudadanía, sino que también es una franca invitación a la seguridad, suponiendo que, ante cualquier amenaza o coerción ilegítima contra la libertad y los derechos, prevalecerá el ordenconstitucional (Borrego 2002). La introducción de este nuevo concepto en materia de seguridad debía representar un aliciente para la sociedad venezolana y una guía para las políticas públicas a desarrollar por la nueva República entrado el nuevo milenio, quebrando la trágica historia de control del Estado, atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas -la inseguridad- y asumiendo el reto degarantizar la seguridad de los derechos de sus ciudadanos, reto para el cual cualquier política de Estado basada en el modelo del orden público resultaría ineficaz.


1. LA SEGURIDAD CIUDADANA
Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El marco constitucional y la consecuente regulación de aspectos sociales, políticos y civiles entre otros, implica la ampliación del campo de acción del Estado, en el sentido en...