los derechos humanos
Páginas: 6 (1389 palabras)
Publicado: 4 de diciembre de 2014
Bolivia
La investigación y resolución judicial de casos de derechos humanos ha sufrido prolongadas demoras que continuaron obstruyendo la búsqueda de justicia durante 2012. Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas desaparecidas antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecucionesextrajudiciales han logrado eludir la acción de la justicia. La insistencia de los tribunales militares en juzgar a militares acusados de cometer abusos continuó obstaculizando la posibilidad de obtener justicia en una causa vinculada con un conscripto del Ejército que murió en circunstancias sospechosas durante un ejercicio de entrenamiento en 2011.
En 2012, funcionarios del gobierno aplicaron laley que prohíbe la expresión de ideas racistas en los medios de comunicación para perseguir penalmente a medios privados y periodistas por su cobertura de noticias.
Juicios por abusos del pasado
Las graves dilaciones en los juicios siguen obstaculizando el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos anteriores. El único avance notable conseguido en los últimosaños fue la condena de entre 10 y 15 años de prisión dictada en agosto de 2011 contra cinco generales por la muerte de al menos 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el Ejército recurrió a la fuerza letal para sofocar las violentas manifestaciones en la ciudad andina de El Alto. Dos miembros del gabinete de ministros del exPresidente Gonzalo Sánchez de Lozada recibieron penas en suspenso de tres años de prisión por su participación en los sucesos, que se han conocido como “Octubre Negro”.
Las Fuerzas Armadas no han entregado expedientes que podrían esclarecer el destino o paradero de personas que fueron asesinadas o desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982. En julio de 2012, en respuesta amanifestantes que reclamaban la desclasificación de archivos del gobierno de Luis García Meza (1980-1981), el Vicepresidente Álvaro García indicó que solamente se había encontrado un archivador y que el resto habían sido saqueados “años atrás”.
En abril de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que redujo la indemnización prevista para víctimas de violencia política y sus familiares enuna ley de 2004. Muchos señalaron que se les negó el acceso a una indemnización al exigirse que presentaran pruebas documentales para respaldar sus denuncias, como pruebas médicas de tortura, certificados de defunción y otros documentos.
El juzgamiento de líderes de oposición, funcionarios de gobiernos locales y otras personas acusadas por las muertes ocurridas durante enfrentamientos violentosentre partidarios y detractores del Presidente Evo Morales en 2008 ha registrado prolongadas demoras. Por ejemplo, en septiembre de 2012, un tribunal de La Paz aún estaba examinando las pruebas contra 8 personas acusadas en relación con una masacre ocurrida en septiembre de 2008 en Porvenir, departamento de Pando, en la cual perdieron la vida 13 personas. El proceso ha sido pospuesto en reiteradasoportunidades.
El ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, que fue procesado en octubre de 2009 por los delitos de homicidio, terrorismo y asociación delictuosa en la causa sobre Porvenir, había permanecido en prisión preventiva durante cuatro años en una cárcel de máxima seguridad, es decir, un año más del período admitido por el derecho boliviano. Funcionarios judiciales,testigos y víctimas que participan en la causa afirmaron haber recibido amenazas o “presiones indebidas”, según señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Jurisdicción militar
La decisión de los tribunales militares de intervenir en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas representa...
La investigación y resolución judicial de casos de derechos humanos ha sufrido prolongadas demoras que continuaron obstruyendo la búsqueda de justicia durante 2012. Todavía no se ha esclarecido cuál fue el destino de la gran cantidad de personas desaparecidas antes del restablecimiento de la democracia en 1982, y la mayoría de los responsables de las desapariciones y ejecucionesextrajudiciales han logrado eludir la acción de la justicia. La insistencia de los tribunales militares en juzgar a militares acusados de cometer abusos continuó obstaculizando la posibilidad de obtener justicia en una causa vinculada con un conscripto del Ejército que murió en circunstancias sospechosas durante un ejercicio de entrenamiento en 2011.
En 2012, funcionarios del gobierno aplicaron laley que prohíbe la expresión de ideas racistas en los medios de comunicación para perseguir penalmente a medios privados y periodistas por su cobertura de noticias.
Juicios por abusos del pasado
Las graves dilaciones en los juicios siguen obstaculizando el juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas durante gobiernos anteriores. El único avance notable conseguido en los últimosaños fue la condena de entre 10 y 15 años de prisión dictada en agosto de 2011 contra cinco generales por la muerte de al menos 60 personas durante las protestas contra el gobierno que se produjeron en septiembre y octubre de 2003, cuando el Ejército recurrió a la fuerza letal para sofocar las violentas manifestaciones en la ciudad andina de El Alto. Dos miembros del gabinete de ministros del exPresidente Gonzalo Sánchez de Lozada recibieron penas en suspenso de tres años de prisión por su participación en los sucesos, que se han conocido como “Octubre Negro”.
Las Fuerzas Armadas no han entregado expedientes que podrían esclarecer el destino o paradero de personas que fueron asesinadas o desaparecieron antes del restablecimiento de la democracia en 1982. En julio de 2012, en respuesta amanifestantes que reclamaban la desclasificación de archivos del gobierno de Luis García Meza (1980-1981), el Vicepresidente Álvaro García indicó que solamente se había encontrado un archivador y que el resto habían sido saqueados “años atrás”.
En abril de 2012, la Asamblea Legislativa aprobó una ley que redujo la indemnización prevista para víctimas de violencia política y sus familiares enuna ley de 2004. Muchos señalaron que se les negó el acceso a una indemnización al exigirse que presentaran pruebas documentales para respaldar sus denuncias, como pruebas médicas de tortura, certificados de defunción y otros documentos.
El juzgamiento de líderes de oposición, funcionarios de gobiernos locales y otras personas acusadas por las muertes ocurridas durante enfrentamientos violentosentre partidarios y detractores del Presidente Evo Morales en 2008 ha registrado prolongadas demoras. Por ejemplo, en septiembre de 2012, un tribunal de La Paz aún estaba examinando las pruebas contra 8 personas acusadas en relación con una masacre ocurrida en septiembre de 2008 en Porvenir, departamento de Pando, en la cual perdieron la vida 13 personas. El proceso ha sido pospuesto en reiteradasoportunidades.
El ex prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández, que fue procesado en octubre de 2009 por los delitos de homicidio, terrorismo y asociación delictuosa en la causa sobre Porvenir, había permanecido en prisión preventiva durante cuatro años en una cárcel de máxima seguridad, es decir, un año más del período admitido por el derecho boliviano. Funcionarios judiciales,testigos y víctimas que participan en la causa afirmaron haber recibido amenazas o “presiones indebidas”, según señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Jurisdicción militar
La decisión de los tribunales militares de intervenir en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas representa...
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