Los huaorani que preferían la plata

Una cifra ha sido clave para el juicio que el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) le ganó a Chevron en 2011: treinta mil. Esa es la cantidad de personas afectadas por las operaciones petroleras de Texaco (adquirida en 2001 por Chevron) en Ecuador, según los abogados del “Frente”, como se le conoce en Sucumbíos a la ONG que se enfrentó y venció a la gigante petrolera. Pero sinuoso es el caminode esta batalla legal de más de veinte años.

En 2013, la Corte Nacional de Justicia ratificó una sentencia de la Corte Provincial de Sucumbíos que ordenó a Chevron pagar nueve mil millones de dólares. La gigante petrolera enseguida empezó a blindarse: entabló un proceso en La Haya, donde busca que el estado ecuatoriano asuma el pago de la sentencia; y en un juicio en una corte de distrito deNueva York, logró que un juez dictaminara que la sentencia de Lago Agrio sea inejecutable en Estados Unidos por considerarla fraudulenta.

En aquel juicio de Nueva York, cuarenta y dos personas de comunidades Huaorani afirmaron que ellos nunca habían aceptado ser representados por el Frente. Este colectivo estaba asesorado por Judith Kimerling, abogada y profesora de la City University of NewYork. Kimerling ha investigado desde 1989 los impactos del petróleo en Ecuador, y actualmente trabaja con la organización Ome Gompote Kiwigimoni Huaorani (en español: Defendemos Nuestro Territorio Huaorani).

En un artículo de 2013, Kimerling se refiere a la comparecencia de los Huaoranis de Ome en la corte de Nueva York. Allí se presentaron para defender sus intereses sobre el juicio de LagoAgrio, “oponiéndose a las objeciones de Chevron contra la validez de la sentencia y emitiendo denuncias cruzadas contra Donziger y el Frente”, dice la abogada estadounidense en su ensayo Oil, Contact, and Conservation in the Amazon: Indigenous Huaorani, Chevron and Yasuni. El grupo había interpuesto un Amicus Curiae –figura legal en que un tercero ajeno a un litigio solicita participar–, para demandarun porcentaje de los fondos que Chevron debería entregarle al FDA.

Lewis Kaplan, el juez de la corte de distrito, negó la petición de ese grupo de huaoranis. Pero Chevron se hizo eco de una parte de las declaraciones. La que le interesaban. “El FDA y sus abogados nunca estuvieron autorizados a representar sus intereses (los de los huaorani) en relación a la demanda de Lago Agrio”, se podía leeren Juicio Crudo, la página web dedicada a informar la versión de la petrolera en este caso. Varios posts en ese sitio utilizaban las palabras de los huaoranis de Ome para preguntarse “¿A quién realmente representan estos abogados?”, un cuestionamiento que desconoce la naturaleza del proceso.

Pablo Fajardo, abogado principal de los Demandantes de Lago Agrio, aclara que la demanda utiliza lafigura de “acción popular”, un recurso descrito en el Código Civil. Esta ley aplica “en todos los casos de daño contingente que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas”. Es el caso de Lago Agrio, por la cantidad de afectados, y por las características de lo que se exige: medidas principales para la descontaminación y restitución integral de los suelos, ríos u otroscursos de agua; medidas complementarias de compensación por los daños ambientales que no puedan ser remediados totalmente, y medidas de mitigación para hacer frente a los impactos en la salud de las personas afectadas y en las culturas indígenas, perjuicios que no pueden ser revertidos ni completamente reparados.

La sentencia de Lago Agrio es clara. El desglose de los montos indica que cinco milmillones y medio se destinarán a la reparación de los suelos contaminados; mil millones y medio será para crear un sistema de salud para las comunidades; ochocientos millones deben servir para tratar las enfermedades causadas por la contaminación; seiscientos millones para restablecer las fuentes naturales de agua; doscientos millones para recuperar la flora y la fauna; ciento cincuenta...