lunes 02

Nueva amenaza a la libre información
EDITORIAL
Viniendo de este gobierno, que ya acumula suficientes antecedentes de buscar ocultar muchas acciones de la gestión pública, no suena para nada raroque este decreto, a estas alturas de la administración, constituya un aporte o un avance, ni mucho menos que se intente proteger información estratégica.
Diversos sectores se han pronunciado en contrade esta nueva aberración gubernamental que en nada favorece al Gobierno, y ayer lo hizo el procurador de los Derechos Humanos, al criticar duramente ese acuerdo y  solicitar  su pronta anulación, conla advertencia de que enderezará acciones legales.
Si este acuerdo no es derogado de inmediato, no solo permitirá sino que a la vez avalará una nueva expresión de ilegalidad, pues ningunadisposición ministerial puede ser superior a normativas de mayor jerarquía, como la Constitución de la República,  la Ley de Emisión de Pensamiento y tratados internacionales de derechos humanos que tienenpreeminencia.
Este nuevo intento por restringir información  solo abona en el desgaste gubernamental, pues durante la actual administración  se ha pretendido, con diversas medidas, reducirle espacios a lapráctica periodística, lo cual ocurre ante  un ejercicio público opaco, donde muchas de las adquisiciones del Estado han sido de las más oscuras y  se ha violentado la Ley de Compras yContrataciones. Precisamente el Ministerio de Gobernación es una de las entidades que más han incurrido en  compras  millonarias con  aportes de los contribuyentes, en las que se evaden las licitaciones.
Si apartir de ahora se pretende proteger información relativa a contratos, convenios, acuerdos, resoluciones o datos estadísticos que puedan ser de interés general, cabe aclarar que ello pone en riesgo elacceso irrestricto a  las fuentes de información y a todo acto de la administración pública. También se facilitan las manipulaciones para limitar información de actos sospechosos de tráfico de...