magister


Es deber de los Estados investigar y juzgar a los responsables de crímenes a través de sus estructuras judiciales. En un proceso de transición, enjuiciar a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, como agentes del Estado mismo o grupos insurgentes, no es tarea fácil siendo que el objetivo primordial es establecer un régimen democrático o salir de un conflicto interno y alcanzarla paz y armonía social.
Uno de los principales obstáculos que se presentan para procesar y juzgar a los causantes de crímenes graves, es el contexto en el que surge esta situación, es decir se origina generalmente en un proceso de transición, que supone un lapso de tiempo “corto” para una salida rápida del terror.
Así las cosas, se instaura en la mayoría de los casos, como los que sepresentaron en el Cono Sur, dentro de las políticas de transición generalmente un complemento que termina con leyes de amnistía e indulto1, pues los gobiernos democráticos establecidos luego de un periodo de violencia estatal masiva deciden con frecuencia no perseguir a sus predecesores2, para evitar conflicto venideros o amenazas nuevas contra sus gobiernos.
Las leyes de amnistía, en términos jurídicosno es aplicación de justicia, todo lo contrario conllevan a la impunidad y a la doble victimización de las víctimas, al no sancionar a los responsables de sus crímenes y prácticamente obligarlas a reconciliarse con ellos alegando que es deber perdonarlos para lograr una convivencia pacífica. Sandrine Le Franc sobre este aspecto precisa: “El perdón supone el pleno ejercicio del “Derecho de laVíctima”, el recurso a la amnistía se inscribe en el ejercicio de la impunidad y el autojuicio por parte del Estado”3
Las amnistías y los indultos, además de contradecir el principio de justicia a veces también contradicen el principio de verdad, dejando a las sociedades sin memoria de los hechos acaecidos e ignorante de los motivos y razones de los actos de violencia de los que fueron víctimas.
Porotro lado están las comisiones de la verdad que se centran en la reconstrucción del pasado, su mandato es temporal, su labor termina tras la entrega de un informe y principalmente su función es comprender los orígenes del conflicto y los factores que permitieron las violaciones a los derechos. Pero su campo de acción es restringido, por cuanto las comisiones no pueden judicializar a losresponsables, es decir su función no es otorgar penas a los perpetradores de los crímenes. Las comisiones de la verdad, tampoco pueden obligar a las personas, sean víctimas o perpetradores, a participar en el proceso de transición y sus recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento4.

Adentrando en realidades y tomando el caso argentino se observa como en ocasiones los actos de violencia estabanrespaldados por normas legales toda vez que “las órdenes dadas y los decretos promulgados en la “lucha contra la subversión” eran innegablemente legítimos y que la “privación ilegítima de la libertad” solo podía probarse si las víctimas no participaban en actividades subversivas”5. Esto termina en la sanción por parte del gobierno de leyes de amnistía como políticas de reconciliación nacional, pero“el perdón no es obra de ninguna “conciencia colectiva”, ninguna institución puede decidir como “persona moral” lo que es intrínseco de la persona individual. Solo nace en el marco de una relación interpersonal. Ni el Estado, ni un pueblo, ni la historia pueden aspirar a perdonar…6”
La ineficacia de los entes judiciales y en muchos casos, su negligencia evita que se adelanten procesos ajustados aderecho contra los responsables de crímenes, y es precisamente este argumento el que motiva a los gobiernos para reducir sus exigencias para con los procesados, presentar políticas de reconciliación y perdón y flexibilizar la sanción o pena.
En Argentina, “la Ley fijaba un plazo de sesenta días antes de la extinción de la acción penal contra los responsables de la violencia, lo cual si se...