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CRITERIOS POLÍTICO CRIMINALES PARA LA REFORMA DE LOS
DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA

ALDO FIGUEROA NAVARRO1

I. Introducción. II. Reformulación del nomen
juris del bien jurídico. III. Carácter multidi
mensional del bien jurídico. IV. Infracción de
deber o lesión del bien jurídico. V. Bien ju
rídico y reforma de los delitos contra la fun
ción pública. VI. Conclusiones.

I.Introducción
La consolidación de la corrupción como fenómeno sistémico ha marcado el paso

de la política criminal en los últimos años. De una visión particular o aislada de los
delitos contra la administración pública (el delito como fenómeno individual), se ha
pasado a una concepción integral de la criminalidad en el desempeño de la función
pública (el delito como fenómeno global). Dentro deeste contexto, no es extraño
entonces que se incluya la denominada corrupción sistemática como una nueva
modalidad de la criminalidad organizada2.
Este cambio de enfoque no es espontáneo o coyuntural. Responde en nuestro
concepto a diversos factores, que trascienden a las motivaciones puramente moralistas
(lealtad de funcionario público al Estado), autoritarias (sujeción del funcionario alEstado) o patrimonialistas (mayor valor del patrimonio público), en la protección de la
función pública. Tiene que ver también con la consolidación del ejercicio de la
ciudadanía, con la búsqueda de la igualdad de trato en la obtención de prestaciones
públicas, con la exigencia de recibir servicios oportunos y de calidad, con la creación de
un espacio de seguridad en las inversiones, y con latransparencia externa e interna de
las instituciones3.
Estos intereses públicos o privados hacen de la función pública una categoría
jurídica de carácter multidimensional. La amplitud del “objeto de protección”, en los
1

Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Lima y Profesor de la Academia de la Magistratura.
De allí que una de las primeras manifestaciones de la “legislaciónanticorrupción” se haya expresado con la ley de
colaboración eficaz, N° 27379.
3
Esta amplitud en la protección determina que se ubique a estos delitos dentro de los bienes jurídicos institucionales. Una
crítica al surgimiento de bienes preeminentemente supraindividuales la formulan los seguidores de la Escuela de Frankfurt.
Cfr. Corcoy Bidasolo, Mirentxu: Límites objetivos y subjetivos a laintervención penal en el control de riesgos; en La
Política Criminal en Europa; Barcelona 2004; p. 25 y ss.
2

1

delitos cometidos por funcionarios públicos o por particulares, contra la función
pública, se engarza ciertamente con la evolución del rol del Estado frente al
“administrado” (sic). El Estado no es más concebido, como sucede en la perspectiva
Weberiana: como un productor de múltiplesservicios públicos brindados a los
administrados, por un funcionariado altamente burocratizado. El Estado por el contrario
ha devenido en una institución subsidiaria compuesta por funcionarios ejecutivos que
deben brindar productos de alta calidad a ciudadanos, en su función de clientes (New
Public Management).
Ahora bien, la evolución de la actividad estatal replantea el papel que puedecumplir el derecho penal en la protección de la función pública. Al respecto debe
tomarse en cuenta lo siguiente: a) La consolidación de la naturaleza subsidiaria de la
actividad estatal tiene repercusión en el tratamiento del patrimonio del Estado frente al
de los particulares; b) La tecnificación del funcionariado y de los sistemas de
información incide igualmente en una mayor flexibilización enla observancia del
principio de legalidad; c) La búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la producción de
bienes y servicios, en un mundo competitivo y globalizado, implica una mayor
discrecionalidad en las actividades regladas de los funcionarios; d) El uso de mejores
medios tecnológicos trae como consecuencia un uso más intensivo del control
preventivo antes que sancionador.
Estas...