MEDIACION


Introducción.

En cuanto a la realidad penal hace ya un largo tiempo que en todo el orbe se cuestiona el funcionamiento de los sistemas punitivos. La historia ha contado los abusos del aparato penal, los horrores de la cárcel y la permanente violación de derechos humanos y de garantías procesales (Beccaria, Howard, Foucault, Rusch, Pavarini y Melossi, Baratta, Zaffaroni). Ya es usual en laliteratura de las ciencias penales aludir a la crisis de los sistemas penales y de las manifestaciones que ella comporta. También es común escuchar que ésta se ha traducido en un contundente fracaso (Pegoraro, 2000).

Frente al inobjetable fracaso de la cárcel en su búsqueda de tornar real el postulado de la resocialización del hombre en conflicto con la ley, habiéndose convertido los penales,muy por el contrario, en depósitos de carne humana, cuando no en escuelas de perfeccionamiento delictivo, resulta palmaria la necesidad de encarar la búsqueda de nuevos modelos de resolución de conflictos. Esto es aún más palpable cuando caemos en la cuenta de la exclusión sufrida por la víctima a lo largo del desarrollo del sistema punitivo, que ha tenido como correlato la absorción del conflictopor parte del aparato estatal, sin que tal realidad fuera acompañada por el desarrollo de los tribunales, empujándolos al borde del colapso, dando lugar a inaceptables demoras en la finalización de los procesos, lo cual impacta en la víctima (o sus familiares, en su caso) de modo tal que genera la insatisfacción del mismo, por entender que sus pretensiones no han sido atendidas, determinando eldescrédito del sistema.1
Sumado a ello, en el marco de una sociedad que lejos está de comprender la real función del sistema punitivo, en cuanto sancionador de conductas y no previsor de las mismas; una comunidad cuyo clamor represivo se eleva momento a momento, impulsado por el bombardeo mediático exaltador de la sensación de inseguridad, al punto de exigir el establecimiento de la pena de muerte,haciendo caso omiso del marco jurídico positivo, resulta harto dificultoso indagar (y, todavía peor, intentar su aplicación) sobre posibles alternativas al régimen punitivo vigente, más aún cuando ellas son entendidas como “benévolas” respecto de quien ha obedecido a rajatabla el tipo penal.
Frente a la inobjetable crisis del derecho penal, se ensayan nuevas propuestas que van desde el“retribucionismo absoluto o mano dura” (Nueva York, Brasil) al “abolicionismo penal” (Hulsman, Bernat de Celis), pasando por el “minimalismo” que sugiere la necesidad científica y humana de la utilización del derecho y de la ley penal “in extremis” y como ultima ratio (Barata, Ferrajoli, Christie, Hassemer). Esta última es, sin duda, la corriente en donde nos enrolamos para este compromiso de encontrar unaalternativa al modo penal tradicional de resolver el conflicto ante el delito y que, según Neuman, nos enfrentaría a una cuarta posibilidad: “la justicia penal consensuada”, derivada de la idea de una política penal restaurativa y resarcitoria para con la víctima del delito, en la que tal resarcimiento pueda erigirse como un modelo de pena sustitutivo de la prisión tradicional, y en donde elvictimario tomará conciencia del daño y real sufrimiento ocasionado a la víctima y/o su familia, ya que nadie puede iniciar el camino de su recuperación si desconoce el efecto de sus actos y los daños causados al otro ser humano, sumado ello a la posibilidad de la víctima de encontrar una explicación del porqué de la acción delictiva en su contra y de comprender la personalidad del agresor y suentorno.2

También es cierto que en los últimos tiempos el funcionamiento del aparato judicial laboral se ha visto ralentizado por un siempre creciente cúmulo de trabajo, traducido en mayor número de causas, la prolongación de los tiempos de tramitación, y sobrecarga para todos los involucrados: letrados,  conciliadores, empleados, funcionarios y magistrados. 
Ante una realidad social y económica...