Medidas de seguridad
El tema de las medidas de seguridad dentro del derecho penal es uno de los aspectos más controvertidos. Su análisis implica cuestionarse diversos tópicos que van desde su naturaleza jurídica hasta la legitimación de su existencia dentro de un derecho penal democrático. Discusión que cobra especial relevancia cuando nos enfrentamos a conductas delictivas cometidas por personasmenores de edad en las cuales se ha determinado su condición de inimputables o toxicómanos a partir de las conclusiones de las pericias respectivas. Esta polémica toma auge en nuestro medio a raíz de los fallos reiterados del Tribunal de Casación Penal[1] en donde establece que conforme al "…principio de legalidad, consagrado en el artículo de la Constitución. Política., así como en los instrumentosinternacionales de derechos humanos, impide privar de libertad a las personas, mayores o menores, ya mediante prisión o una pena alternativa, ya mediante una medida de seguridad, si esos efectos no se encuentran previstos en la ley –bajo reserva de ley-. En materia de afectación a la libertad de menores, la Ley de Justicia Penal Juvenil (L.j.p.j). no previó la peligrosidad criminal generadora demedidas de seguridad […] No resulta legítimo aplicar subsidiariamente los artículos 97 y 102 del Código Penal, por cuanto atentaría contra el principio de legalidad en materia penal sustantiva".[2]
Partiendo de la posición de la jurisprudencia podemos derivar varios cuestionamientos. El primero de ellos es acerca de la respuesta que da el ordenamiento jurídico costarricense a aquellos casos en loscuales, luego de practicarse las pericias psicológicas y psiquiátricas, se llega a concluir que una persona menor de edad realizó los hechos delictivos bajo un estado de inimputabilidad o de imputabilidad disminuida. Para comprender este concepto debemos obligatoriamente definir el concepto de culpabilidad desde la concepción jurídico-penal[3]. Esta culpabilidad es equivalente al juicio dereprochabilidad por la realización de un hecho delictivo. "Culpable, en ese sentido, es aquel que, pudiendo, no se ha motivado ni por el deber impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción de la misma ".[4] Contrario sensu, es inimputable quien no tenga la capacidad de culpabilidad. Lo anterior implica que el concepto de culpabilidad se compone de dos niveles básicos. Por unlado, la capacidad de comprender el carácter ilícito del acto que realiza y, por otra, la posibilidad de adecuar su conducta de acuerdo a esa comprensión.
Esta capacidad de motivarse en la norma es de naturaleza estrictamente jurídica.
Sin embargo, existe una estrecha relación con las cuestiones de carácter psiquiátrico y psicológico. "Las definiciones legales de la capacidad de motivaciónhacen referencia a dos momentos: Por un lado fijan los presupuestos biológicos (p.ej. enfermedad mental, etc.) que condiciona la exclusión de la capacidad y por otro establecen las consecuencias normativas que deben producir tales presupuestos psicológicos (incapacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal y de dirigir el comportamiento de acuerdo con su comprensión). Se trata por lo tanto delas llamadas fórmulas mixtas de la "imputabilidad" biológico-normativas, o también psiquiátrico-psicológico-jurídica"[5].
Dentro de estas causas o circunstancias, siguiendo a BACIGALUPO, se incluyen la enfermedad mental, el desarrollo mental insuficiente y la grave perturbación de la conciencia.[6]
En segundo lugar, con esa decisión legislativa y jurisprudencial, en el caso de las personasmenores de edad, se está admitiendo la naturaleza administrativa y no jurisdiccional de las medidas de seguridad para este sector de la población. Ambos cuestionamientos nos obligan a realizar un análisis paralelo del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739, publicada en la Gaceta del 6 de febrero de 1998, la cual introduce dentro del ámbito administrativo la imposición de medidas de...
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