mega sentencia

Procesos de inconstitucionalidad acumulados en los que los ciudadanos peticionarios impugnan varios artículos del Código Penal, en primer término, relativos a la duración de la pena de prisión, por considerar que aquélla cuyo plazo llega a los setenta y cinco años, vulneran disposiciones de la Constitución de la República que contemplan los derechos a la dignidad humana, prohibición de penasperpetuas y principio de resocialización; asimismo, respecto a la citada normativa los ciudadanos impugnan disposiciones que, a su criterio, vulneran el derecho de inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la intimidad, por permitir la intervención estatal de las mismas y dar lugar a que los operadores de telefonía tengan que rendir informes y, a su vez, permitir grabaciones telefónicas quepueden atentar contra el secreto de las comunicaciones; sostienen, además, que la proposición y conspiración en ciertos delitos contemplados en el Código mencionado han sido sancionados por el legislador de forma equiparada con los delitos consumados, por lo que afirman, existe violación al principio de proporcionalidad de las penas. Por otro lado, argumentan, que se ha castigado la inasistenciaa las audiencias de alguna de las partes como delito de desobediencia al mandato judicial, cuando no existe, a su criterio, un bien jurídico protegido, lo que altera el principio de proporcionalidad y el de mínima intervención, porque es una conducta que no requiere de la actuación del derecho penal. Expresan que el mencionado Código, en la disposición relativa a la reincidencia, la considera comoun elemento adicional que agrava la pena frente al cometimiento de un delito, lo que transgrede el principio de culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento; y, finalmente, alegan sobre el mismo cuerpo normativo la existencia de una disposición que permite la analogía, lo cual implica violación al principio de seguridad jurídica por estar expresamente prohibida en esta materia.
En cuanto ala Ley Penitenciaria, los peticionarios impugnan disposiciones relativas al régimen de seguridad especial, encierro incomunicado y aislamiento, por considerar que este tipo de encierro es atentatorio al principio de resocialización de la pena. Los ciudadanos alegan, también, que ciertos artículos del Código Procesal Penal transgreden normas constitucionales porque la normativa relativa a lainvestigación del delito delega potestades al juez que van en contra del mandato constitucional dirigido a las funciones de la Fiscalía General de la República; a la vez, objetan la facultad jurisdiccional de ordenar prueba de oficio y de interrogar al imputado, afirmando que ello transgrede el principio de imparcialidad que reviste la judicatura. Por otro lado, sostienen que el criterio de oportunidadregulado en la ley violenta el principio de legalidad y los derechos de la víctima. De igual forma, alegan que la orden de registro y secuestro como la orden de registro domiciliar solicitada por la Policía Nacional Civil es contraria a la Constitución pues, a su criterio, toda la investigación del delito debe estar a cargo, exclusivamente, de la Fiscalía General de la República.
Así también,discuten la constitucionalidad de tramitar el proceso penal en el juzgado de paz hasta a la fase siguiente del proceso penal sin que el imputado haya tenido la oportunidad de ser oído y vencido en audiencia, lo que, a su criterio, atenta contra el derecho de defensa. Por otro lado, sostienen la tesis de que la falta de plazo fijado para la presentación del requerimiento fiscal ante el juez de paztransgrede derechos fundamentales, generando incertidumbre para la víctima como para el imputado, y consideran necesaria y procedente la persecución del delito por el querellante independiente ante la inactividad del ente fiscal. En igual sentido argumentan que, al establecerse en el mencionado Código Procesal Penal que la vista pública inicia con la declaración del imputado, se transgrede el...