mercantil

En el juicio por cobro de honorarios profesionales causados extrajudicialmente, seguido por el abogado SILVIO PÉREZ VIDAL, representado por el abogado Saiah Azkul Abou Asali, contra JOSÉ VITO MENDOLA SÁNCHEZ, asistido por el abogado Victoriano Rodríguez Méndez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la CircunscripciónJudicial del estado Barinas, dictó decisión el 11 de marzo de 2003, mediante la cual declaró con lugar la apelación ejercida por el actor; parcialmente con lugar la demanda; y revocó el fallo del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esa misma Circunscripción Judicial, de fecha 30 de enero de 2003.
Contra la referida sentencia de la alzada la parte demandada anunciórecurso de casación, que fue admitido mediante auto de fecha 4 de abril de 2003 y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
-I-
Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 delCódigo de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió el artículo 506 eiusdem.
Señala el formalizante que el juez de la recurrida interpretó erróneamente el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que el demandado tenía la carga de probar la defensa hecha en su contestación, la cual se refirió a que los honorarios fueron convenidos en quinientos milbolívares (Bs. 500.000,oo), y que pagó como anticipo la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,oo).
Afirma, que el juzgador no debió resolver el caso planteado con fundamento en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un asunto de “mero derecho” y el haber admitido en su contestación que acordó pagar al actor una suma superior a la establecida en elReglamento de Honorarios Mínimos no lo hace objeto de prueba, ni requiere que dichos hechos deban demostrarse, pues estos honorarios están establecidos en el referido reglamento.
Para decidir, esta Sala observa:
Aunque el formalizante acusa el error de interpretación del artículo 506 eiusdem, la fundamentación de la denuncia esta orientada a la infracción por la falsa aplicación de dicha norma, por locual será en este sentido que resolverá su planteamiento.
El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece que “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios noson objeto de prueba”.
La citada norma regula la distribución de la carga de la prueba al establecer que todo aquél que afirma un hecho tiene que probarlo para que su alegato no se considere infundado. En tal sentido, esta Sala mediante sentencia N° 193 del 25 de abril de 2003 (caso: Dolores Morante Herrera c/ Domingo Antonio Solarte y Angel Emiro Chourio), expresó:
“En el derecho procesalmoderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos dela misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que...