Mi Ideal

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0670/2007-R
Sucre, 7 de agosto de 2007

Expediente: 2007-16067-33-RHC
Distrito: Cochabamba
Magistrada Relatora: Dra. Martha Rojas Álvarez

En revisión la Resolución de 17 de mayo de 2007, cursante de fs. 135 a 138 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso dehábeas corpus interpuesto por Oscar Quiroz Verduguez en representación de Clemente Arroyo Orellana contra Juan Hugo Mejía Coca y Eloy Moisés Avendaño Menchaca, Presidente y Vocal, respectivamente, de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba y Sonia Coca Vargas, Jueza Séptima de Instrucción Penal Cautelar del mismo Distrito Judicial, alegando la vulneración de suderecho a la libertad y de la garantía del debido proceso, de su representado, consagrados en los arts. 7 inc. g) y 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 8 de mayo de 2007, cursante de fs. 121 a 125, el recurrente señala que el 10 de marzo de2007, su representado fue aprehendido en el aeropuerto Jorge Wilsterman por los funcionarios antinarcóticos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), al habérsele encontrado sustancias controladas. Una vez remitido ante el Ministerio Público, fue imputado formalmente por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, radicando la causa ante el JuzgadoSéptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, cuyo titular dispuso su detención preventiva, por concurrir los presupuestos consagrados en los arts. 233 incs. 1) y 2), 234.1 y 2 y 235 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el entendido que su representado estuvo a punto de abordar un vuelo a España y que en su declaración informativa manifestó que la sustancia controlada le fueentregada un día antes por una persona de sexo femenino de quien se desconoce su paradero, y que además no demostró que cuenta con domicilio, trabajo, ni familia asentada en el país.

El 2 de abril de 2007, su representado solicitó la cesación de su detención preventiva y la aplicación de medidas sustitutivas, acompañando suficiente prueba que acredita su domicilio, familia y trabajo lícito asentadoen el país, desvirtuando el riesgo de fuga, además de acompañar certificados de antecedentes penales y policiales, que desvirtúan el peligro de obstaculización.

En la audiencia de 9 de abril de 2007, la Jueza rechazó la solicitud de cesación, argumentando que si bien se ha demostrado que el imputado tiene domicilio conocido, familia constituida, trabajo lícito y que no cuenta con antecedentealguno, desvirtuando el presupuesto de riesgo de fuga previsto en el art. 234 inc. 1 del CPP, se mantiene la circunstancia prevista en el numeral 2 del mismo artículo, es decir, las facilidades que tiene para abandonar el país, al igual que el peligro de obstaculización previsto en el art. 235 incs. 1) y 2) y el requisito previsto en el art. 233.1 del CPP, argumentando que su representado, almomento de su aprehensión, se aprestaba a viajar al exterior y que la sustancia controlada fue entregada un día antes por una persona de quien se desconoce su paradero, utilizando el mismo argumento en que fundó su detención preventiva.

Interpuesto el recurso de apelación incidental, en el que se aparejó abundante jurisprudencia constitucional que demuestra la contradicción en la cual incurrió laJuzgadora, los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronunciaron Resolución declarando improcedente y ratificando el Auto apelado, bajo el argumento de que el imputado evidentemente ha demostrado tener domicilio, familia y trabajo lícito en el país y que no cuenta con antecedentes; empero, persisten los presupuestos que determinaron su...