Mi Pais

Norberto Oyarbide es un juez paradójico. Le pidió un informe a la Auditoría General de la Nación sobre el caso de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo (que anunció, teatral, ante los periodistas), pero les negó a los auditores la documentación pretextando el secreto del sumario. El juez se ha convertido en la única persona de la República con acceso irrestricto a la causa penal másresonante de los últimos tiempos. Dispone la incautación de papeles cruciales, pero luego se encierra solo con esos documentos; nadie sabe qué hace con ellos o si alguien, que no es él, se encarga de arreglar el expediente para mejorar la situación de los involucrados.
No deja de ser extravagante que un juez tan cuestionado y polémico haya monopolizado una documentación extremadamente importante, quepodría contener graves elementos acusatorios. También la comisión parlamentaria bicameral, de la que depende la Auditoría, le reclamó a ésta un trabajo parecido. Pero la Auditoría no pudo avanzar más allá del reclamo al juez para que le trasladara copia de la documentación. Siempre chocó con la misma respuesta: Oyarbide se manifestó impedido de hacerlo por el secreto del sumario, que él mismodispuso y prorrogó desde hace casi cuatro meses.
La Auditoría, que es un organismo constitucional, debería investigar de dónde y cómo salió el dinero del Estado, hacia qué caja fue a parar, cómo se distribuyeron esos recursos y en qué estado están las obras comprometidas. Las respuestas a todas esas preguntas están en poder de Oyarbide, pero éste traslada el expediente permanentemente del horno a laheladera y de la heladera al horno. En ese contexto de dilaciones y secretismos, la posición de Hermes Binner y de sus seguidores fue casi lírica: el caso está en manos de la Justicia, dijeron, y el Congreso no debió interferir con su citación a Sergio Schoklender. La teoría sería perfecta si el juez fuera Baltasar Garzón y no Oyarbide.
La declaración de Schoklender ante las comisionesparlamentarias se justificó por una sola razón: no es lo mismo hacer resonantes denuncias ante los periodistas que formularlas ante funcionarios públicos, que es lo que son los diputados. Los funcionarios tienen la obligación legal de denunciar ante la Justicia cualquier delito contra la administración del que tengan conocimiento.
Las palabras de Schoklender ante los diputados describieron una vasta tramadelictual. ¿Ciertas? ¿Falsas? El personaje es contradictorio. Exhibiéndose como un extorsionador en operaciones, suele acompañar sus aseveraciones, sin embargo, con documentación probatoria. Schoklender está muy lejos de cualquier definición de una buena persona, pero sus denuncias son demasiado serias como para olvidarlas. Es la lógica que primó ante los diputados opositores: la presencia deSchoklender en el Congreso serviría, al menos, para presionar a Oyarbide.
Los secretos guardados por Oyarbide podrían complementarse con las divulgaciones de Schoklender. El parricida, como ahora lo llama Bonafini después de haberlo adoptado de hecho como hijo, describió un cuadro más serio que el que apareció a primera vista. Al principio, pareció denunciar a una ONG que recibía una caudalosacontribución del Estado sin muchos controles. En el Congreso mostró, en cambio, a una fundación que actúa como una extensión del Estado o que directamente es el Estado con otro nombre.
La Fundación actúa con la enorme dosis de la discrecionalidad que el kirchenrismo les impuso a las contrataciones del Estado. Es, por ejemplo, adjudicataria sin licitación de obras estatales, porque es una ONG, pero ésta,a su vez, adjudica las obras y las compras también sin licitación o sin siquiera comparar precios. El desorden se adueñó, entonces, de dineros del Estado estimados en más de 1200 millones de pesos.
La administración kirchnerista resolvió en algún momento de su gestión la unificación de la caja que proveía de fondos a la fundación de Bonafini. Antes, esa fundación recibía dinero de distintas...