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CASOS SMITH - SAN LUIS - BUSTOS (CORRALITO).

Enfoque analítico y planteo general de la cuestión.
 
El eficaz proceso de destitución de ministros de la Corte Suprema (en adelante CS) concretado por el gobierno de Kirchner conduce hacia el replanteo de algunas cuestiones medulares que hacen al rol político-institucional del Alto Tribunal y su relación con el poder político, desde un enfoquepolitológico y sociológico.[1]
Destacados constitucionalistas han evaluado positivamente el accionar histórico de la CS en su función de mayor gravedad institucional, vale decir, el ejercicio del control de constitucionalidad de los actos de los otros poderes, utilizando como atenuante el contexto y circunstancias del cambiante proceso político;[2] Por otro lado, hay quienes han puesto el énfasis enel módico poder de control y veto que ha tenido la CS respecto de aquellas decisiones gubernamentales sensibles a los poderes del momento.[3] Dejando sentado que excede los objetivos perseguidos en este escrito realizar un examen crítico de la actuación histórica de la CS como tutora de derechos constitucionales,[4] consideramos que sólo desde una perspectiva que la considere como un poder "débil"y condicionado por el proceso político es factible entender el reciente caso "Bustos" que ha avalado la pesificación. En efecto, sostenemos que el mismo no hubiese sido posible sin un previo y eficaz proceso de destitución y recambio de ministros de la CS por parte del Poder Ejecutivo.
Es por ello que centraremos el análisis en el viraje interpretativo operado en el control de constitucionalidadrealizado sobre la normativa resultante de la emergencia económica, en el lapso iniciado a partir de la imposición del "corralito financiero" -cuyo máximo punto de conflicto se produce luego de la asunción de Duhalde- y que ha tenido en "Bustos" su última manifestación jurisprudencial.
Este ejercicio de control de constitucionalidad por parte de la CS se enmarca en una práctica institucional queha sido recurrente a lo largo de la historia política del país: la "legislación sobre emergencia". Este tipo de legislación generalmente ha sido acompañada por una serie de "decretos de necesidad y urgencia" que regulan un amplio espectro de materias sensibles al funcionamiento de la maquinaria estatal. [5]
La consideración de situaciones de emergencia económica como legitimadoras de alteracionesen las relaciones jurídicas preexistentes, ha sido aceptada por la CS desde principios de siglo en fallos de trascendencia institucional como, por ej.,: "Avico c/De la Pesa" o "Cine Callao". En el caso sub examine se ha traducido en una profusión normativa, principalmente mediante la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, y los decretos 1570/01 y 214/02, referentes a larestricción en la extracción de depósitos bancarios -"corralito financiero"- y de reordenamiento del sistema financiero -pesificación de las obligaciones de dar sumas de dinero-, respectivamente. El control de constitucionalidad de estas normativas de emergencia provocó un hecho inédito desde la primera presidencia de Perón: la coexistencia de un gobierno democrático (Duhalde) con una Corte detipo hostil.[6]
Es claro que para evaluar el tipo de relación entre el poder político y la CS debemos acudir a aquellas sentencias que refieran a temas políticamente relevantes y ponderar si sus contenidos son armónicos con relación a las principales políticas públicas implementadas. Renuncias, juicio político y consiguiente recambio de miembros mediante, las sentencias motivo de nuestrasreflexiones, que han suscitado hondamente el interés de los medios de comunicación y que excedieron acabadamente el marco de las controversias concretas, son las conocidas como: "Smith", "San Luis" y "Bustos". Para tener una acabada noción de la sobrecarga de pretensiones a las que mediante estos pronunciamientos se intentó dar una resolución, sólo en el año 2002 ingresaron a la Corte 22.000 causas...