Ministerio Publico

REFORMAS CONSTITUCIONALES AL MINISTERIO PÚBLICO Y LA CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 1
SUMARIO: I. Impugnación jurisdiccional de las resoluciones de no-ejercicio y desistimiento de la acción penal.II. Ratificación del nombramiento del procurador general de la República por parte del Senado.III. Requisitos para la designación del procurador general de la República.IV. Lacomparecencia del procurador.V. La creación de un sis- tema nacional de seguridad pública. VI. La carrera policial.
I. IMPUGNACIÓN JURISDICCIONAL DE LAS RESOLUCIONES DE NO-EJERCICIO Y DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL
El 31 de diciembre de 1994, el Diario Oficial de la Federación publicó reformas a varios artículos constitucionales: 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123. Estas modificaciones se pueden agrupar en cinco grandes rubros; a saber, reformas: a) a la integración de la Suprema Corte de Justicia y los requisitos, designación y duración del cargo de los Ministros; b) al gobierno y a la administración del Poder Judicial Federal; c) a la jurisdicción constitucional; d) al Ministerio Público,especialmente el Federal y e) la creación de un sistema nacional de seguridad pública. En esta reseña legislativa me ocupo de los últimos dos rubros enunciados. A los tres primeros les he dedicado una reseña en la cual examino sus aspectos sobresalientes.
Manifiesto que coincido con muchas de las ideas plasmadas en las reformas que comprenden los dos últimos rubros. Son modificaciones que perfeccionannuestras instituciones con la finalidad de que cumplan mejor con sus objetivos.
Al artículo 21 c. se le agregó el siguiente párrafo: "Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley".
La exposición de motivos de la iniciativa presidencial afirma, como fundamento de esepárrafo, que el Ministerio Público tiene la facultad de ejercitar la acción penal siempre que existan los elementos suficientes para presuponer la responsabilidad de una persona y la existencia del delito, que si reuniéndose todos esos elementos no se ejercita la acción penal, se propicia la impunidad y se agravia todavía más a las víctimas o a sus familiares y que, por ello, no pueden tolerarseconductas negligentes o de corrupción.
El Senado de la República hizo dos modificaciones a la iniciativa presidencial: agregó el sobreseimiento como materia que puede ser impugnada y especificó que dichas impugnaciones serán por vía jurisdiccional; aspecto, este último, con el que estoy de acuerdo. La iniciativa presidencial dejaba a la Ley definir si sería la autoridad judicial o la administrativala que conociera esa impugnación. Si hubiera sido la administrativa, poco se hubiera avanzado en esta materia.
Y decía que estoy de acuerdo porque todo acto administrativo, como regla general, debe ser susceptible de revisión judicial para el control de su constitucionalidad y legalidad: esto es parte esencial en un Estado de Derecho, mucho más cuando se trata de actos tan delicados como ladeterminación del no ejercicio de la acción penal en la cual se está exculpando de toda responsabilidad penal a personas cuya conducta puede ser delictiva. Desde luego que si no hay elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad, por ningún motivo se debe consignar, pero siendo éste un acto administrativo de especial delicadeza, acertado es que el mismo pueda ser recurridojurisdiccionalmente. No existían razones de peso para esa exclusión. Considero -pero habrá que esperar la definición de la Ley-, que la vía más apropiada para esa impugnación es a través del amparo indirecto que se presenta ante un juez de Distrito en virtud de que existe una violación a garantías individuales o equiparable a ellas. Esta nueva disposición mucho puede ayudar al mejoramiento de la procuración...