Morales Feliciano

CASO MORALES FELICIANO

Si comparamos el sistema correccional de nuestro país con el sistema correccional federal podemos decir que el presupuesto es un factor de suma importancia para poder lograr cumplir con las exigencias. La población penal del país va en aumento cada día basado en problemas de índole social y cultural. Cada día las autoridades encausan más personas que comenten delitospara así controlar la ola criminal que nos arropa. Al haber más personas encausadas criminalmente el sistema correccional tiene una obligación constitucional y ahora con el caso de Morales Feliciano de brindarles unos derechos para su rehabilitación. Esto afecta de gran manera el presupuesto de la agencia.
En el 1979 cinco años después de haber sido creada la Administración de Corrección de PuertoRico, un grupo de confinados radicó ante el Tribunal Federal, Distrito de Puerto Rico, una demanda de clase contra el Gobierno de Puerto Rico alegando violaciones a sus derechos civiles causadas por las condiciones infrahumanas existentes en las facilidades correccionales del país. La demanda incoada bajo la Sección 1983 de la Carta de los Derechos Civiles establecía particularmente violaciones alas enmiendas Quinta, Sexta, Octava y Décimo Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos. Este largo proceso judicial conocido como el caso Morales Feliciano trajo por primera vez ante la luz pública las condiciones de hacinamiento carcelario y la virtual inexistencia de servicios de salud predominante en el sistema correccional puertorriqueño.
El caso de Morales Feliciano vs Carlos RomeroBarceló fue un pleito radicado en 1979 alegando que las condiciones de confinamiento provistas por el estado constituían una violación de garantías constitucionales. En su primer fallo en 1980 el juez federal Juan Pérez Giménez dictaminó que las condiciones carcelarias existentes en la isla eran inaceptables y peligrosas para la salud, la vida y que el daño sería irreparable de no otorgarse unarespuesta inmediata, además de que se estaban violando los derechos constitucionales. A raíz de esta solicitud el Tribunal Federal determinó que las condiciones de confinamiento existentes eran inaceptables y estaban en franca violación con los derechos constitucionales de los confinados. Se emitió un interdicto preliminar ordenando al estado proveer 35’2 de espacio habitable por confinado. Además serequirió a la Administración de Corrección preparar para garantizar 55’2 por confinado en dormitorios y 70’2 en celdas individuales. El estándar fue aumentado a 70 pies cuadrados para celdas compartidas.
Entre los meses de febrero y marzo de 1985 el Departamento de Salud realizó una evaluación inicial para determinar la calidad de los servicios médicos que se estaban ofreciendo en lasinstituciones correccionales. Los resultados confirmaron la poca manejabilidad de los mismos llevando a la institución en mayo de ese año tres programas dirigidos a mejorar los servicios de salud correccionales entre ellas el Programa de Salud Física y Mental, Programa de Salud Ambiental y el Programa de Emergencias Médicas. Para el 21 de marzo de 1986 el tribunal federal ordenó la creación de la Oficinadel Monitor Federal cuya responsabilidad era vigilar e informar sobre el cumplimiento del gobierno con las estipulaciones y órdenes del caso. Como resultado de los informes sometidos por esta oficina el tribunal federal comienza a imponer multas al gobierno. Además para ese año el tribunal federal nombró a Vicent M. Nathan en calidad de monitor federal en el pleito contra el gobierno de Puerto Ricopor las condiciones en las prisiones. Ya para el 2 de diciembre de 1988 la Oficina del Monitor Federal presentó un informe recomendando la adopción de un plan médico y de salud mental para los confinados de todas las facilidades correccionales de Puerto Rico. Los objetivos del sistema de prestación de servicios de salud correccional establecen que todos los confinados deben recibir servicios de...