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Tegucigalpa, 7 de septiembre de 2011.- El Gobierno hizo pública hoy la Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, instrumento que fortalecerá la capacidad del Estado en materia deseguridad y justicia para prevenir, controlar y sancionar ejemplarmente las conductas violatorias de la ley.
La Política 2011- 2022, es el resultado de un trabajo coordinado por la Secretaría deSeguridad, que contó con el apoyo técnico y financiero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y busca enmarcar las acciones del Estado dentro de un concepto más amplio al tradicionalmenteusado, en forma tal que se combinen acciones preventivas dirigidas a enfrentar los factores que generan la violencia y delincuencia, con aquellas que tienen por objeto el control y la sanción deldelito.
La tasa de muertes violentas en el país obliga a tomar acciones, pero no mediante políticas sin rumbo, sino con un enfoque de la realidad y condiciones del país que conlleven a una disminución delos niveles de inseguridad y violencia precisó la designada presidencial Maria Antonieta de Bográn.
Esta herramienta es la propuesta de un pacto por la seguridad, a través de la cual se convoca a lospoderes Legislativo y Judicial para adoptar en forma conjunta, las decisiones que resulten necesarias para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia por los que atraviesa Honduras.
Lacolaboración de los poderes, sin desmedro de su independencia, resulta esencial para lograr el éxito de la política, dado que la prevención y el control de los fenómenos delictivos requierenmodificaciones legales, así como la construcción de un sistema institucional de la seguridad y el fortalecimiento del poder judicial, para asegurar la eficacia de la investigación criminal y la aplicación estrictade la ley.

Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo humano, sentenció, Jose Eguren, oficial a cargo del PNUD
Como condición fundamental, se...